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Por segunda vez en una semana GN impide a la prensa acceso a la Asamblea Nacional

Diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, denunció al Gobierno de adoptar medidas en contra de los periodistas con “premeditación para obstaculizar la información que se producen en la Asamblea Nacional”.

  • DICK TORRES

23/04/2018 12:47 pm

Caracas.- Por segunda vez en una semana, funcionarios de la Guardia Nacional que custodian el Palacio Legislativo, impidieron este lunes el acceso de la prensa a las instalaciones de la Asamblea Nacional (AN).

Este lunes el presidente de la AN, Omar Barboza, junto con Superlano y el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Juan Guaidó tenían previsto encabezar una consulta pública la Comisión de Contraloría sobre la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción.

La actividad estaba prevista en el hemiciclo de sesiones a la que solo pudieron acceder los invitados pero la GN impidió el acceso a la prensa.

El martes pasado con motivo de la discusión de la solicitud de autorización por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con relación a la investigación al presidente Nicolás Maduro por supuestos hechos de corrupción, la GN impidió el acceso a los medios de comunicación social.

Ley de recuperación de activos

Superlano expuso que la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción es un instrumento jurídico aprobado en primera discusión reglamentaria por la AN el año pasado y coincide cuando recientemente el gobierno estadounidense y el de Colombia plantearon la posibilidad de crear un fondo de recuperación de activos productos de la corrupción.

El parlamentario dijo que en el caso venezolano las cifras sustraídas del erario público y colocados en paraísos fiscales alrededor del mundo se ubican entre los 350 mil y 400 mil millones de dólares.

“Esto solo por citar un caso como referencia acerca de los recursos extraídos fuera de nuestras fronteras con fines ilícitos y que ha motivado a la Comisión de Contraloría de la AN impulsar esta nueva ley, la cual lleva tres meses en consulta pública.

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