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Denuncia UCAB: “Persecución política recrudece en estado de alarma”

En amplio informe se documenta una serie de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos

  • GILBERTO CARREÑO

06/04/2020 02:33 pm

Caracas.- De acuerdo con un informe divulgado este lunes por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), en el periodo de vigencia del decreto de emergencia impuesto por el Gobierno Nacional a propósito de la entrada al país de la pandemia que afecta a la mayor parte del mundo, se han registrado una serie de hechos que, según sostiene, vulneran el ejercicio de derechos fundamentales de los venezolanos, “en un contexto crítico que suma la ausencia de contrapesos institucionales y una emergencia humanitaria compleja preexistente”.

En su parte introductoria, se asegura que la participación ciudadana es vulnerada desde hace varios años, “a partir del desmantelamiento progresivo del Estado de derecho y la falta de independencia entre los poderes públicos, lo que se agudiza ante el recrudecimiento de la crisis estructural”.
Tras una serie de consideraciones, entre las que incluye la afirmación de que la pandemia del Covid-19 como nueva emergencia no puede ser una excusa para profundizar en la violación sistemática de los derechos humanos, incumpliendo con los requisitos constitucionales de legitimidad, realiza un relato de los casos más destacados por distintos medios de comunicación social del país.

El recuento
“En los últimos años, más de 60 diputados de oposición han sido detenidos, amenazados o han salido del país ante el inicio de procesos judiciales o intentos de detención. 

A medida que recrudece la emergencia humanitaria, activistas sociales, sindicalistas, trabajadores públicos, son atacados por cuestionar al gobierno o ejercer contraloría a lo interno de las instituciones del Estado. 

A la fecha, al menos cuatro diputados se encuentran privados de libertad: Gilber Caro y Renzo Prieto, ambos por segunda vez; Juan Requesens e Ismael León, en violación de la inmunidad parlamentaria, del derecho al debido proceso, a la justicia e integridad personal.

El 14 de marzo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevaron de su casa al diputado Tony Geara, sin orden judicial. En la noche del 17 de marzo fue presentado en el Tribunal Segundo de Control, ante la jueza Niurka González, quien le imputó tráfico de armas de guerra y municiones, tenencias de artefactos explosivos y legitimación de capitales, y ordenó la privativa de libertad . 

De acuerdo a lo indicado por la diputada Olivia Lozano, Geara fue detenido el sábado 14 en la tarde, pero solo le permitieron comunicarse con su familia a la medianoche del 15 de marzo; el diputado está recién operado y sufre de hipertensión, para el momento de la detención tenía varios días con fiebre, cansancio y dificultad respiratoria. 

El 29 de marzo Rómulo García y Víctor Silio, quienes laboran con el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, fueron interceptados en la urbanización La Tahona, en Caracas, y detenidos por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. El cuerpo de seguridad señaló que presuntamente les fueron incautadas, un arma de fuego y droga

La diputada Adriana Pichardo denunció que en la madrugada del 30 de marzo, las FAES irrumpieron en la residencia de Andrea Bianchi, pareja de Rafael Rico, miembro del equipo de trabajo del diputado Guaidó. Pichardo señaló que los efectivos golpearon a los miembros de la familia. Más tarde, Bianchi fue raptada en horas de la mañana por sujetos armados y liberada posteriormente. 

El jueves 2 de abril, otros dos miembros del equipo de trabajo de Juan Guaidó fueron detenidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim): Maury Carrero y Demóstenes Quijada . Más de 15 funcionarios ingresaron a la fuerza en los domicilios, en horas de la madrugada y de la mañana, respectivamente. A la fecha se desconoce el paradero de ambos”.

Se agrega en el documento divulgado por el CDH-UCAB, en relación con lo que voceros del oficialismo han denominado como plan “Furia Bolivariana”, que tras las acusaciones de Estados Unidos hacia altos funcionarios del gobierno de Venezuela, estos han realizado una serie de señalamientos contra quienes serían considerados “enemigos internos” y partícipes de un presunto plan golpista, amenazándolos de tomar represalias contra ellos en caso de una hipotética invasión extranjera.

Exigencias
Al final, el Centro plantea, las siguientes exigencias al Gobierno Nacional:
̶ Cesar la persecución en represalia por el ejercicio legítimo de los derechos humanos, entre ellos a la participación y a la libre expresión que siguen estando vigentes aún en estados de excepción. -

̶ Investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por las acciones represivas, detenciones arbitrarias y privaciones ilegítimas de libertad, antes y durante la vigencia del estado de emergencia.
̶ Acabar con las prácticas intimidatorias y el discurso estigmatizante hacia quienes cuestionan, critican o se oponen al gobierno; evitar declaraciones hostiles que buscan inhibir el debate público.
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