El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, desestimó este lunes la posibilidad de que las autoridades colombianas, incluyendo su Fiscalía, den respuesta a la solicitud de aclarar la situación y extraditar a las personas involucradas en la compra de armas presuntamente destinadas a cometer actos terroristas contra el Gobierno y altos funcionarios de Venezuela.

Como lo anunció Saab en la oportunidad de darse a conocer las declaraciones del general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Cliver Alcalá, en la que admitía su participación en la compra y tenencia de armas presuntamente destinadas a ser utilizadas en actos conspirativos en Venezuela, el Ministerio Público solicitó a Colombia dictar auto de aprehensión, contra este militar, en situación de retiro, al igual que a otras personas mencionadas como involucrados en las denuncias.

En entrevista para Unión Radio, reiteró el fiscal que la petición venezolana se basa en la comisión de delitos relacionados con “intento de magnicidio, conspiración, terrorismo y traición a la patria”. Sin embargo, aseguró no esperar nada del estamento jurídico colombiano por considerarlo un Estado donde reina “la impunidad, donde los tribunales y el Ministerio Público más bien son cómplices del narcotráfico y asociados al delito y a los violadores de derechos humanos”

“Sabemos que Colombia no solamente es un narcoestado convicto y confeso donde para ser gobernador de estado o presidente, tiene que ser el narcotráfico el que financie las campañas”, aseguró el fiscal, argumentando diversas gestiones de organismos de justicia venezolana que han quedado sin respuesta por parte de los poderes públicos del vecino país.