Cuando se creía superada la situación -pese a que desde el 2007 y el 2009 se conocía la gravedad de la situación que afecta al sistema del suministro- el lunes 25 de marzo ocurrió un segundo mega apagón, lo que se repitió el día 29 y duró más de cuatro días afectando prácticamente a todo el territorio nacional; luego el martes 9 de abril y el lunes 22 de julio el país conoció la oscuridad total con las consecuencias que el hecho provoca para el orden económico y para las más sencillas operaciones de la vida cotidiana. Expertos de la estatal Corpoelec señalan que se reportaron a lo largo de 2019 cerca de 24 mil fallas eléctricas a escala nacional. Las mismas fuentes atribuyen lo ocurrido a la falta de mantenimiento, el desabastecimiento de combustibles de las centrales termoeléctricas, la corrupción en el área, los bajos salarios y a la inexperiencia en el campo como consecuencia de la fuga de cerebros por la famosa diáspora. 

Inicialmente Nicolás Maduro atribuyó los primeros apagones a operaciones de sabotaje en el marco de las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país en materia económica y luego que altos funcionarios de la Casa Blanca anunciaran que serían aplicados todos los dispositivos necesarios para colocar a la defensiva al régimen. 

Por supuesto, la primera falla pudo ser atribuida a la citada versión, y aunque conocedores de la materia consideran que el sistema de Güri no es susceptible a los llamados “hackeos terroristas” desde el exterior, la explicación pierde sentido cuando los apagones se repiten y todavía hoy particularmente en estados de las regiones occidental y andina, y con permanente racionamiento en el área metropolitana de Caracas.

De nuevo la corrupción
La crisis eléctrica ha sido objeto de consideraciones diversas, incluso de un decreto especial dictado por Hugo Chávez para la erogación de importantes recursos en la adquisición de plantas y equipos, la mayoría de los cuales, como se sabe, fueron contratados y comprados en el exterior sin que fuera posible ponerlos en servicio en el momento necesario por no reunir las condiciones mínimas de operatividad y además de que se denunció que su compra significó exagerados sobreprecios en un ya conocido escándalo de corrupción que implicó a funcionarios del sector en combinación con contratistas venezolanos. En paralelo la crisis venezolana, 11 años después, conoce un severo agravamiento en todos los órdenes y la carencia de los recursos presupuestarios que anteriormente por obra del ingreso petrolero ocultaban calamidades de fondo, una de las cuales es la actual quiebra de Pdvsa que afecta no solo al sector energético sino a la economía y a la totalidad de la sociedad venezolana, toda vez que la empresa petrolera se convirtió en un gigantesco fondo social que ha distraído sus objetivos básicos.

¿Qué hacer?
La respuesta al colapso eléctrico es más que urgente y ella supone la inversión de recursos financieros con los que el Estado ahora no cuenta. El reinicio de la red eléctrica requiere también de una experiencia técnica -que puede que ya no esté presente- y la planificación para “equilibrar y manejar” las subidas de tensión y las fluctuaciones involucradas para conectar la energía a la red central. 

Se conoce que desde el apagón original –en estos días se cumple un año- se han registrado explosiones en subestaciones eléctricas provocando más cortes en el sureste de Caracas y una cadena de eventos en las subestaciones de Maracaibo con impacto en la actividad petrolera. En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía considera que “debido a la situación económica venezolana y los problemas con el suministro de electricidad, toda la industria se mantiene en riesgo cierto de colapsar”. 

Para Julio César Molina Guzmán, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV, si bien es cierto que se han tomado medidas, ellas resultan insuficientes dada la magnitud del tema y recalca: “Un año después la situación de la electricidad en el país sigue siendo vulnerable”.

Si bien es cierto que la mayor responsabilidad radica en el fracaso, la ineficiencia y las políticas equivocadas del régimen, también lo es que en las actuales circunstancias se convierte en un asunto de extremo interés político que afecta directamente la vida de los venezolanos, más allá de la conflictividad que protagonizan las cúpulas partidistas.

Sanciones y sus efectos
El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, ha reiterado la preocupación y el rechazo de la organización empresarial a la aplicación de sanciones y restricciones económicas por el gobierno de EEUU, distintas a las que se aplican en el orden estrictamente político a altos funcionarios del régimen por distintas denuncias y posible implicación en actividades vinculadas con el terrorismo internacional. En el plano comercial, más allá de los objetivos que se anuncian, a la hora de formularlas se generan problemas “colaterales” que impactan el funcionamiento económico en su conjunto, sobre lo cual en el caso venezolano existen graves situaciones que se registran de manera cotidiana y que como es lógico tienen que interesar y provocar la reacción de la organización empresarial que está obligada a velar por los intereses de los empresarios y por el funcionamiento adecuado de los entes económicos. Los señalamientos del titular de Fedecámaras entran en contradicción con otras versiones de dirigentes del sector, cuyas opiniones son de naturaleza esencialmente política y además condicionadas por una postura opositora que Cusanno comparte plenamente pero considera que no debe ignorarse el hecho de la afectación a la postre a la economía en su conjunto y en consecuencia a la población venezolana.