“Tanto estos casos de detenciones arbitrarias de nuestros compatriotas en Bolivia, como los casos de criminalización de la comunidad venezolana en Colombia, serán presentados con evidencias ante la Secretaría General y las instancias de Derechos Humanos de la ONU”, anunció el canciller a través de la red social.

El señalamiento lo hizo ante el comentario de una usuaria de Twitter, acerca de los nueve venezolanos detenidos arbitrariamente en Bolivia, quienes fueron trasladados desde el norte de esa nación hacia La Paz para vincularlos a las protestas antigubernamentales en el país andino.

En relación con el caso de los 83 venezolanos deportados desde Colombia, a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores este jueves había dicho que se trataba de una “deportación irregular” y, a la vez, manifestó preocupación por la pretensión del gobierno de Iván Duque de “criminalizar a la migración venezolana y pretender desviar la atención sobre la crisis colombiana”.

Lo grave del caso, afirmó el comunicado, es que los deportados se encontraban residenciados en el vecino país. Igualmente denunció “la conducta irregular y subrepticia del Gobierno de Colombia que mediante deportaciones realizadas sin acusación formal, ni fórmula de juicio, ha incurrido en tratos inhumanos a los ciudadanos venezolanos, en clara violación a sus derechos fundamentales”.

Cabe recordar que el pasado lunes, Colombia expulsó a más de 80 venezolanos señalados de afectar “seguridad nacional” durante las recientes protestas.

En un operativo realizado en cinco localidades de Bogotá fueron detenidos venezolanos, hombres y mujeres, señalados de participar en los actos vandálicos en las recientes protestas.

Según el director general de Migración Colombia, Christian Krüger, “la expulsión se hizo con el propósito de mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional”.

El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón en el estado Bolívar, emitió un comunicado, en donde exhortó a la población a no fijar posiciones políticas partidistas que vulneran la objetividad de las investigaciones de los hechos ocurridos la semana pasada en la comunidad de Ikabarú.

El secretario ejecutivo del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, Jean Carlos Velázquez, fue el encargado de firmar dicho comunicado, en el que se realizó un llamado a la nación de no hacer eco a la información emitida por las grandes corporaciones que hacen ver que el Estado venezolano es quien está dirigiendo una matanza a las comunidades indígenas, la cual es “una falsedad total y rotunda”.

En el texto también le piden al Ministerio Público y a los tribunales del Estado medidas de protección para el cacique general Juan Gabriel González. Además de ordenar a los entes encargados que toda investigación sea informada al pueblo a través de los medios de comunicación del Estado.

Por último exigieron que se inicie una investigación en contra de los funcionarios que se encontraban esa noche en los puntos de control y que permitieron el ingreso de los grupos armados.