Es oportuno el juicio cuando en la mayoría de los países de la región surgen señales de regreso a una etapa de confrontaciones, inestabilidad, desconocimiento institucional y ahora, sin duda, por el empeño de Donald Trump de rescatar a destiempo la Doctrina Monroe, que estimuló el antiimperialismo que marcó buena parte del final del siglo XX. Se sabe que América Latina ha oscilado entre etapas promisorias para la democracia y aquellas signadas por feroces dictaduras o por cuadros casi crónicos de ingobernabilidad y confrontación. Ahora mismo se dan varios hechos que tienden a confirmar la sospecha de Vargas Llosa: la situación vivida en los últimos días en Perú y Ecuador con abiertos choques de poderes y la reedición de masivas protestas de calle, justamente contra gobiernos de origen democrático; así como la posibilidad del retorno de propuestas consideradas radicales como el peronismo en Argentina, el lulismo en Brasil y nuevos factores políticos en el marco de la violencia colombiana (sin mencionar el cuadro crónico de violencia y desestabilización de Centroamérica), apuntan en la dirección de poner en peligro las conquistas democráticas y la vigencia de instituciones que hasta hace poco tiempo se consideraban vitales para el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad social en la región. 

El domingo 20 de octubre Bolivia irá a elecciones presidenciales polarizadas entre la propuesta reeleccionista de Evo Morales y la opción opositora de Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana. Si bien las últimas encuestas apuntan a una victoria del actual mandatario (la última de ellas de CiesMori señala un 36,2 por ciento a favor de Morales con una ventaja de 9,3 puntos) el hecho cierto es que de no resultar electo con más del cincuenta por ciento de los votos y diez de ventaja frente al principal contendor, se activaría la segunda vuelta que ya luce desfavorable para quien ha gobernado durante trece años. Se recuerda que el 21 de febrero de 2016 un referéndum consagró la mayoría del “no” a un nuevo mandato, una decisión que posteriormente fue revocada mediante decisión judicial. De esta manera, entraba en juego el tema de las reelecciones que como solía decir en su época Jóvito Villalba han sido “la maldición histórica de América Latina”. Si bien Bolivia representa hoy el más sostenido e importante crecimiento de las economías suramericanas y en los últimos años parecían sepultadas las históricas disputas étnicas y territoriales, en el plano político de oposición se ha logrado una confluencia en torno a un candidato que suma un importante consenso y que no puede considerarse como el tradicional antagonista ideológico de un proceso de cambio. Ello hace que de no cristalizarse la victoria en la primera ronda se pueda abrir espacio para una alianza que podría asegurar el triunfo en el balotaje. 

Pero más que ello, en los últimos días se han realizado cabildos de ciudadanos en Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades importantes que han comprometido a sectores sociales a desconocer más allá de los votos la victoria de Morales, incluso en la tanda inicial, por considerarlo ilegítimo por cuanto desconoció el resultado de la prueba anti reeleccionista. De esta manera, se reactivaría una conflictividad que estuvo planteada en sus primeros años de gobierno con los países de la llamada “Media Luna”, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra y que obligó como respuesta a la convocatoria a una Asamblea Constituyente de Paz.  Así se adoptaría el mismo mecanismo que se aplicó en Venezuela para deslegitimar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017 y la votación presidencial y de concejales de 2018, que dieron pie para definir un escenario de ilegitimidad que fue asumido también por países del área como el “Grupo de Lima” y, posteriormente, directamente por Estados Unidos, la Unión Europea, y que se materializó el 23 de enero de 2019 con el reconocimiento de Juan Guaidó en su condición de presidente de la AN, como el jefe de un gobierno alterno.

Ya se sabe lo que este esquema ha representado para Venezuela en los últimos ocho meses en términos de violencia y confrontación, lo cual de repetirse en Bolivia, está de más suponer cuáles serían sus consecuencias ,tomando en cuenta que se trata de un terreno históricamente mucho más fértil para los sobresaltos y cambios de poder. 

Para completar el escenario de tensiones y en este caso con efectos directos en Venezuela, habría que considerar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, del martes 8 de octubre, de formalizar el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, por supuestamente intentar hacer retractar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (también enjuiciado), quien lo vincula con el origen de grupos de autodefensas en el Departamento de Antioquia. Si bien es frecuente la presencia de exmandatarios en el banquillo de los acusados, en esta oportunidad se trata de un caso especial, por cuanto Uribe es el máximo líder del principal partido en el gobierno, además es el inspirador de la candidatura y, por supuesto, del ejercicio presidencial de Iván Duque. Ello indica que el curso del juicio (más allá de la eventual sentencia) supone un elemento de alta fricción para el país vecino que enfrenta el recrudecimiento de la violencia con el asesinato de líderes sociales y el anuncio de un grupo disidente de las FARC de regresar al uso de las armas; todo ello en el marco de una severa amenaza de acciones militares fronterizas con Venezuela.