El sábado 4 de agosto del año pasado el presidente Nicolás Maduro, en pleno día, mientras realizaba un discurso en la avenida Bolívar, rodeado de su tren ejecutivo y frente a militares en formación, presenció cómo dos drones fueron detonados muy cerca.
"Han intentado asesinarme", explicó luego el mandatario, quien se vio obligado a dejar el lugar escoltado, poco después que cientos de militares rompieran filas frente a su comandante en jefe y abandonaran el lugar apresurados.
A un año del "atentado fallido en grado de frustración", como lo calificó el Gobierno, se puede observar que el Tribunal Supremo de Justicia anunció 27 órdenes de aprehensión con notificaciones de alerta roja a Interpol y el Ejecutivo solicitó a Perú, Estados Unidos y Colombia la extradición de 11 personas señaladas de encontrarse en esos países, pero a la fecha no hay detenidos en el extranjero.
De 43 implicados, solo 25 han sido procesados.
El concejal Fernando Albán fue detenido y 3 días después falleció por un supuesto suicidio, mientras que el diputado Juan Requesens fue apresado arbitrariamente y se ha denunciado que recibe tratos crueles e inhumanos.
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