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Informe de Bachelet pide disolver la FAES, desmantelar colectivos y prevenir actos de persecución política

Entre otras cosas, el informe recomienda tomar medidas para que se restablezca la independencia del sistema judicial venezolano y revocar las clausuras de los diferentes medios de comunicación

  • JESÚS HERRERA

04/07/2019 11:44 am

Caracas.- Este jueves se publicó el informe la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acerca de la situación en Venezuela, que se presentará mañana ante el Consejo de DDHH de la ONU y que forma parte de las apreciaciones de Michelle Bachelet, jefa de la oficina, que visitó Venezuela en junio. 

Entre las recomendaciones del Acnudh al gobierno de Nicolás Maduro se encuentra la liberación de todos los presos por razones políticas y que fueron privadas arbitrariamente de su libertad, así como a detener, condenar, castigar y prevenir “todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos”. 

Asimismo, insta al gobierno socialista a que lleve a cabo investigaciones que determinen las violaciones de los DDHH, incluyendo la muerte de los indígenas, para llevar a los responsables “ante la justicia”. 

Exhorta también a adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios de atención de la salud. 

Entre otras cosas, recomienda disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”. 

También pide detener y prevenir la represión en las manifestaciones opositoras y que cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas. 

Insta a tomar medidas para que se restablezca la independencia del sistema judicial venezolano, así como garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General de la República (en manos de Tarek William Saab, impuesto por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y de la Defensoría del Pueblo. 

A su vez, se pide la garantía de derecho de las víctimas para que puedan interponer recursos y obtener reparaciones, además de garantizar el derecho a la identidad y a la documentación de todos los ciudadanos venezolanos. 

La Acnudh también recomienda a Nicolás Maduro a que acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente en Venezuela, que pueda monitorear los casos y el desarrollo de los DDHH en el país. 

Llamamientos 

En el informe también se hicieron diversos llamamientos al gobierno de Maduro para que publiquen, de manera regular, todos los datos exhaustivos acerca de la salud y la nutrición, desglosados en sexo, edad, etnia y residencias, que se podrán usar para aplicar una “respuesta humanitaria integral a la crisis”. 

También llama a asignar “la máxima cantidad posible de recursos disponibles” para la óptima realización gradual de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, “de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos”. 

Asimismo, llama a revocar las clausuras de los diferentes medios de comunicación y a finalizar medidas de censura contra los que quedan, además de garantizar el acceso a internet, las redes sociales, sitios web de noticias, la imparcialidad de órganos oficiales que manejan el espectro radioeléctrico y autorizar “el libre acceso a la información de interés público”. 

La oficina también llamó a desarmar y desmantelar a los colectivos, así como garantizar la investigación de los diversos delitos que han cometido y a que se ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

La Acnudh también hizo un llamamiento al gobierno para que proteja a todas las personas, incluidas las que migran, de los abusos, corrupción y extorsiones por parte de los diferentes agentes del Estado, así como a que todos los programas sociales sean implementados “de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas”.  




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