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A juicio seis exfuncionarios de Citgo por corrupción

Entre los funcionarios que irán a juicio están: José Ángel Pereira Ruimwyk, Tomeu Vadell Recalde, Alirio José Zambrano Colina, Jorge Luis Toledo Kohury, entre otros

  • NOTA DE PRENSA

28/06/2019 02:54 pm

Caracas.-Tras la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), se ordenó el pase a juicio de los funcionarios de Citgo José Ángel Pereira Ruimwyk, Tomeu Vadell Recalde, Alirio José Zambrano Colina, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona y José Luis Zambrano, por presuntamente estar inmersos en una trama de corrupción dentro de esta empresa filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).  

La Fiscalía 55° nacional, con competencia plena, ratificó la acusación contra los seis ex servidores públicos, tras incurrir en los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación.  

La audiencia preliminar del caso se llevó a cabo en el Tribunal 3° de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que, con fundamento en la acusación del fiscal, ordenó el pase a juicio de los hombres, a quienes mantuvo su reclusión en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. 

El 20 de noviembre de 2017, fue recibida ante la Dgcim una denuncia, mediante la cual se pudo conocer que los ahora enjuiciados, valiéndose de su investidura como representantes legales de la citada filial petrolera, en fecha 15 de julio de ese mismo año, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financiadoras Frontier Group Management LTD y Apolo Global Management LLC.

Los firmantes se basaron en la supuesta refinanciación de los programas de deuda de los años 2014 y 2015, para solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables. A tales efectos ofrecieron como garantía la propia filial y comprometieron el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional.

Este contrato permitía un financiamiento por un monto de hasta 4 mil millones de dólares, exponiendo a la filial petrolera a una posible situación de índole penal por incumplimiento de los diferentes contratos que los implicados suscribieron.  
 
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