Un cuadro que se ha agravado sensiblemente con las secuelas represivas del intento de rebelión militar del 30 de abril que afectan a un importante grupo de parlamentarios y en especial al vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Édgar Zambrano (quien se encuentra víctima de un virtual secuestro), así como el allanamiento de la inmunidad a varios diputados, lo cual en definitiva pone en peligro la mayoría opositora del poder legislativo. Además se consideran las consecuencias del desabastecimiento de gasolina, el recrudecimiento de la violencia en las zonas fronterizas de Colombia, Brasil y Trinidad y Tobago y el efecto práctico de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos en el área energética y financiera. 

De esta manera la necesidad de la visita de la alta funcionaria se ve reforzada después de los diálogos sostenidos con los factores más representativos de la política nacional, tanto de oposición como de gobierno. No obstante, los tres días caraqueños de Bachelet tuvieron un valor más bien simbólico en la estricta materia de los derechos humanos y sirvieron para cobrar conciencia directa de la necesidad de buscar un acuerdo lo más amplio posible que permita salida a lo que sin exageración ya representa un cuadro catastrófico. También hay que recordar que, si no del modo directo, la ONU ha venido estimulando la realización de los recientes encuentros en Oslo y Estocolmo, donde el escenario de las negociaciones se amplía con la presencia de importantes países y de la Unión Europea más allá de las reuniones ya frecuentes entre los países del continente representados en el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto. 

Bachelet, además del cargo que actualmente ocupa, tiene largo conocimiento de la realidad venezolana dada su experiencia como militante política y como presidenta en dos oportunidades de Chile, lo que facilitó estrechas relaciones con los principales partidos venezolanos y en algún momento de manera especial con las fuerzas que auparon el proyecto chavista, que si bien no puede emparentarse con el Partido Socialista chileno en cuanto a sus propuestas concretas, coinciden en el pensamiento socialista y la necesidad de grandes cambios de la realidad continental.

Esta semana se han registrado graves protestas en Honduras que si bien exigen mejoras en las condiciones laborales, se corresponden con un clima de tensión política que vive el país en los últimos años y que se agravó con la elección presidencial en 2017 de Juan Orlando Hernández, cuestionada por supuestamente fraudulentas frente al aspirante Salvador Nasralla al frente de una alianza de partidos en la que destaca el Partido Libertad y Refundación del expresidente Manuel Zelaya derrocado en 2009 en un episodio que marca graves tensiones en este caso agravadas. 

Los sucesos de esta semana con saldos de muertos y heridos exigiendo la renuncia de Hernández como objetivo principal de las acciones. En este sentido el carismático y polémico Zelaya ha sido categórico: “La única opción que tenemos es la rebelión”. En el mismo contexto se inscribe lo ocurrido en Guatemala en elecciones celebradas el domingo 16 de junio con la participación de diecinueve candidatos, ninguno de los cuales obtuvo la mayoría necesaria para definir en primera vuelta al nuevo mandatario y resultando como aspirantes a una segunda vuelta, Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei por el partido Vamos. Unos resultados que fueron cuestionados por algunos de los participantes. El excandidato del partido Humanista Edmond Mulet, dijo al respecto que, “aún no” se ven señales de que haya habido fraude. “Lo que sí hay son inconsistencias graves que si se confirman como extensas podría ser un fraude”, por lo cual asegura es importante, “tanto la revisión de todas las actas, como el reconteo de todas las boletas”. Está previsto que la segunda ronda se realice el 11 de agosto, pero sin duda en este caso en un cuadro de agitación política ahora estimulada por el tema de la migración hacia Estados Unidos y después de la medidas de contención anunciadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Muy cerca, en Nicaragua, desde el 2017 se vive un cuadro de enfrentamientos que configuran de alguna manera “una guerra de segunda generación” solicitando también la dimisión de Daniel Ortega, en un país acostumbrado a severos conflictos lo cual ha dado pie a negociaciones entre oposición y gobierno y con mediación internacional. Pese a la aprobación de una reciente Ley de Amnistía que facilitó la liberación de presos políticos, los factores de la oposición consideran que por el contrario las condiciones represivas del gobierno se han acentuado y que de ninguna manera puede hablarse a favor de la pacificación. La crisis centroamericana está marcada en los últimos años principalmente por el problema de las migraciones, el incremento del narcotráfico y una corrupción generalizada de la cual casi ningún mandatario del área ha podido escapar. Pareciera que Centroamérica, como a comienzos del siglo XX y en la década de los 80, regresa a la violencia y los conflictos armados.