Para el diputado Leonardo Regnault las cifras sobre el otorgamiento de viviendas dadas a conocer por los voceros del gobierno forman parte de la propaganda gubernamental y no se corresponde con la cantidad de inmuebles constatados a través del monitoreo de los gremios e instituciones de la sociedad civil.
“La Gran Misión Vivienda Venezuela tiene años con enormes dificultades para demostrar las cifras de casas construidas, para constatar la inversión y la cantidad de beneficiados, estado por estado, municipio por municipio, porque Maduro quiere que no se evidencie que las millones de casas que dice haber entregado, son una vil mentira; y sobre todo para ocultar la corrupción generalizada que se ha gestado en torno a la necesidad vital de una vivienda digna”, aseguró Leonardo Regnault.
El parlamentario cuestionó que sigan haciendo alarde de números de casas entregadas que no coinciden con la realidad evidenciada en el monitoreo de gremios e instituciones de la sociedad civil, que por cierto han tenido que hacer un loable esfuerzo para hacerle seguimiento a esa inversión en infraestructura, ya que la opacidad en la construcción pública de viviendas ha propiciado la corrupción.
“Cuando no hay transparencia, cuando las verdaderas estadísticas se ocultan, cuando las páginas web oficiales tampoco presentan indicadores, ubicación de las inversiones, empresas contratistas, costo, estatus de los proyectos, es porque lo que impera es lo ilícito”, sostiene Regnault.
A juicio del diputado Leonardo Regnault, “Las gestiones de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez no se han caracterizado por la eficaz rendición de cuentas, por la transparencia administrativa en ningún orden; es una malsana cultura que ha corroído todas las áreas de la gestión pública, alentando una corrupción masiva, sistemática y rutinaria”.
El parlamentario retó a los voceros del gobierno que aseguran que han construido dos millones seiscientas mil viviendas, a presentar al país dónde está cada una de ellas y a quién han beneficiado.
“Se lo exijo como parlamentario, y se lo exijo como ciudadano común, basándome en el artículo 62 de la Constitución que nos faculta a todos los venezolanos para controlar la gestión pública”, insistió.
Recordó que constitucionalmente el Estado está obligado a facilitar información y no a entorpecer el derecho ciudadano ni a ocultar la verdad. “Sé que esta exigencia, ni ninguna otra que tenga que ver con transparencia, será escuchada por el Gobierno porque levantaría el telón de un espectáculo dantesco: La corrupción en la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
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