Como se esperaba, Nicolás Maduro planteó ante el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación la conveniencia de adelantar la convocatoria a elecciones parlamentarias, lo cual significa que la decisión será tomada en el corto tiempo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tal como ocurrió para la activación de elecciones en 2017 y 2018. Como era previsible la iniciativa ha sido rechazada por sectores opositores, pero de manera especial por el Grupo de Lima que, en la reunión del pasado jueves en Guatemala, denunció que se trataría de una inaceptable maniobra que obstaculiza las discusiones en procura de una salida electoral consensuada. Sin embargo, ello no tendría por qué extrañar si se toma en cuenta que justamente el recurso ha sido utilizado exitosamente por el gobernante para sus propósitos de permanencia en el poder luego del fracaso de mecanismos como “la guarimba” y últimamente la amenaza de intervención extranjera o la solicitud para el ya famoso “quiebre militar”.
Por esta vía, el oficialismo logró la elección de la ANC de entrada considerada como ilegítima por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y posteriormente la mayoría de las gobernaciones (si bien es cierto que en condiciones adversas los factores críticos alcanzaron el gobierno en regiones emblemáticas como Zulia, Táchira, Mérida y Anzoátegui) y mediante el llamado a la abstención, la casi totalidad de las alcaldías y los concejos municipales y justamente tales resultados estimularon el adelanto de la elección presidencial para el 20 de mayo del año pasado. Si bien es cierto que el recurso le ha permitido al madurismo ejercer el control de los instrumentos fundamentales para la gobernabilidad, también ello ha significado que en la percepción internacional (que juega un papel demasiado importante en la crisis nacional) se fortalece la convicción sobre la ilegitimidad y más aún la naturaleza autoritaria y antidemocrática del modelo vigente.
Salvo circunstancias imprevistas es posible que en los próximos meses los electores acudan nuevamente para la elección de una nueva Asamblea Nacional, tal como ha ocurrido hasta ahora en el camino de consolidar la hegemonía madurista pese al creciente agravamiento de la crisis económica y social. En tal contexto el reto mayor es para las fuerzas opositoras que ahora no disponen del mecanismo unitario que actuó en eventos anteriores y que resiente las consecuencias de fallidos intentos (últimamente estimulados por la “Operación Libertad” que encabeza Juan Guaidó) para provocar un cambio de gobierno y abrir la ruta para la recomposición democrática integral. Ya un sector importante de la oposición se inclina por la conveniencia de participar en la elección admitiendo un escenario institucional ventajista por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En la consulta, tal como ocurrió en 2018 cuando organizaciones como Avanzada Progresista, el MAS y Copei, además de nuevos movimientos de la sociedad civil, presentaron candidatos, se pondría de nuevo en juego la unidad opositora que había funcionado en buena medida en las apelaciones electorales desde el 2000 y que demostró su eficacia con la victoria legislativa de diciembre de 2015.
En este caso se conoce que figuras importantes del juego democrático que han mantenido un bajo perfil y cedido espacio a que nuevas organizaciones de la sociedad civil y consideradas como “el centro” del espectro político, asumirán (junto a líderes como Eduardo Fernández, Claudio Fermín, entre otros) un papel protagónico en el llamado a ejercer el derecho al voto, según el planteamiento de que la prédica abstencionista en las presentes circunstancias ha resultado no solo inútil, sino que paradójicamente ha funcionado como un mecanismo para profundizar el mandato del chavismo-madurismo. Un hecho que guarda antecedentes significativos en la política venezolana, si se recuerda cómo en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1952 (marcada por el ventajismo, la represión de la Seguridad Nacional y la sensación de progreso generada por el gobierno militar) el abstencionismo decretado por el partido ampliamente mayoritario de la época, Acción Democrática, fue enfrentado por Jóvito Villalba y Rafael Caldera, quienes contra todo pronóstico alcanzaron una histórica victoria; o cuando en 1957 en pleno esplendor del perezjimenismo organizaciones perseguidas y proscritas como Acción Democrática y el Partido Comunista decidieron acudir a una consulta con la candidatura de Rafael Caldera, considerado como su más firme adversario ideológico y, en el entendido, que no existía la más mínima posibilidad mediante el voto, de derrota para un régimen fortalecido por la estructura militar, el cese de espacios medianamente democráticos y una generalizada sensación de bienestar colectivo y como siempre, gracias a la Providencia petrolera. En aquellas circunstancias los gobernantes, seguramente atendiendo a la experiencia del 52, pospusieron el llamado a la consulta abierta y se inclinaron por el mecanismo abusivo de un plebiscito que curiosamente resultó la sentencia de muerte para la dictadura pocos días después, el 23 de enero de 1958.
Pompeo y Abrams: Cambio de seña
Las afirmaciones del secretario de Estado Mike Pompeo, sobre las contradicciones e “inmadurez” de la oposición, recogidas por varios medios norteamericanos y las reflexiones del enviado especial Elliot Abrams a favor de una salida consensuada y pacífica al “caso Venezuela”, marcan distancia del lenguaje duro y en algunos casos agresivo en la línea de “todas las opciones están sobre la mesa”, de días anteriores. Ello podría interpretarse como un nuevo sesgo en la estrategia de Washington para el manejo de la crisis nacional en la cual, más que observador o mediador, Trump opera como el asistente directo de los partidos opositores afectados por la dispersión y el cese organizativo de la MUD.
Resulta claro que la gestión internacional del Grupo de Contacto, la Unión Europea, Rusia, China, Turquía, Cuba, México y Uruguay; así como los encuentros en Oslo y la reunión del lunes pasado entre los cancilleres de Rusia y Colombia que rechazan la intervención -curiosamente propuesta días antes por el propio mandatario colombiano Iván Duque-, marcan una clara tendencia a favor de un desenlace pacífico por la vía electoral con amplia vigilancia internacional. El gobierno tendría que valorar que ello comporta una contribución nada despreciable en el camino de una negociación que, como se sabe, implica siempre desprendimientos y concesiones mutuas.
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