La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso del naufragio de dos embarcaciones ilegales registrado en Güiria exige al Ministerio Público y a los cuerpos de seguridad una investigación exhaustiva, pues detrás de este hecho pudiera estar una mafia de trata de personas.
El diputado Robert Alcalá, miembro de la referida instancia parlamentaria destacó que tras el naufragio se han descubierto una serie de delitos en la zona limítrofe entre Venezuela y Trinidad y Tobago que son objeto de investigación.
“En la primera embarcación de nombre “Ana María” partió con 28 personas, solo 9 fueron rescatadas con vida, 6 de ellas son mujeres. Se detectó el secuestro de personas donde participan funcionarios de la capitanía de puerto y del CICPC”.
El parlamentario sostiene que a muchas menores de edad que viajaban en la embarcación le prometieron trabajo en la isla de Trinidad y Tobago. “antes de que el bote zarpara ya estaban secuestrada por esas mafias y encerradas en hoteles en Güiria”.
El parlamentario asegura que en estos hechos existe corrupción agravada en la que también participan particulares y funcionarios del Comando de Guarda Costa, la Fuerza Armada Nacional y otros cuerpos de seguridad.
Según Alcalá, las investigaciones realizadas por la comisión revelan que la primera embarcación naufragó porque el capitán “desmayó”, los motores para cambiar la tarjeta de un teléfono y hacer una llamada a Trinidad a quienes recibirían a las mujeres que transportaban.
En la segunda embarcación identificada como “Jhonailys José” partió con 38 personas de las cuales 28 están desaparecidas.
Activado protocolo de búsqueda
Por su parte el diputado Carlos Valero, destacó que el capitán de una de las embarcaciones de nombre Alberto Abreu fue rescatado y tiene antecedentes por trata de personas en Granada.
“El protocolo de búsqueda de las embarcaciones que naufragaron sigue activado, hay 60 personas desaparecidas y 9 detenidos por el caso”.
A juicio de Valero la desaparición de dos embarcaciones en Güiria y la pérdida de vidas "representan las consecuencias del modelo económico que está acabando por el país”, concluyó.
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