Si bien ya es costumbre de los gobiernos norteamericanos la aplicación de este tipo de restricciones, hasta el punto que se ha configurado una suerte de “club de sancionados” que integran principalmente Rusia, Irán, Turquía, Corea del Norte, Cuba y China, en el cuadro venezolano las restricciones y las sanciones aplicadas a altos funcionarios resultan mucho más graves si se toma en cuenta que ninguno de esos países presenta una interdependencia mayor de la potencia del Norte. 

Lo que ocurre con el tema petrolero es más que elocuente y se refleja en el caso de Citgo y otros bienes de Pdvsa, ahora en manos de venezolanos exiliados con el apoyo de la administración de Washington, y en la prohibición para la importación de insumos fundamentales para la producción y refinación de los hidrocarburos. 

Es cierto que en el relato oficialista se sobreestima el impacto de las sanciones en el esquema de la llamada “guerra económica”, y que estas, como en el caso del petróleo se refieren a sectores que de antemano se resentían de fallas y problemas productos de políticas erróneas, una obvia incompetencia y una galopante corrupción. Pero también es cierto, como claramente lo expresó el exembajador en Venezuela y exsecretario adjunto de la Oficina Internacional Antinarcóticos de EEUU, William Brownfield, que las sanciones no crean necesariamente los problemas pero sí buscan complicar sus posibles soluciones, lo cual resulta patente en el caso de la crisis eléctrica que ha configurado ya un catastrófico apagón nacional. Todo ello sin reparar en el tema de la desconfianza y el temor que medidas de esta naturaleza aplicadas por el país más poderoso del mundo desatan en el ámbito internacional. 

Sin que exista una relación directa entre ellas y la actividad comercial e industrial, generan como se sabe un cuadro de desconfianza e inhibición en factores que resultan claves para las relaciones económicas y particularmente en el ámbito financiero. En este sentido, se explican las casi cotidianas declaraciones de Mike Pompeo, John Bolton y Eliott Abrams sobre la puesta de “todas las opciones sobre la mesa” las cuales acrecientan temores, preocupación y recelo en los agentes comerciales. 

No por casualidad Venezuela es el país latinoamericano que registra mayor nivel de desconfianza para los inversionistas de acuerdo a recientes cifras de organismos internacionales. 

Si bien es cierto que la prolongación de las sanciones como revela la experiencia en otras naciones se revela contraproducente por cuanto sus efectos profundizan las calamidades nacionales y en la mayoría de los casos despierta un mecanismo de defensa patriótica en todos los sectores sociales, en este caso habría que añadir que ellas si bien están dirigidas puntualmente, se inscriben también en el cuadro de la megacrisis que afecta la vida del país y apuntan a un grave retroceso histórico, con lo cual se impone la necesidad de un cambio de rumbo de los factores de poder como la única manera de bajar la presión externa y facilitar en lo interior los factores fundamentales para la reconstrucción nacional.

La propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones legislativas de 2020 representa un recurso ya utilizado por el mandatario y exitoso para sus intereses frente a cuadros de grave tensión nacional. En 2017, luego que naufragó el llamado a revocatorio presidencial y cuando se anunciaban y activaban las protestas de calle, el mandatario levantó la convocatoria a una Asamblea Constituyente que lógicamente fue considerada ilegítima por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que decretó la abstención de los partidos opositores. Sin embargo, la elección se realizó y se configuró un cuerpo legislativo con poderes supraconstitucionales y que ahora se anuncia podría funcionar hasta finales del próximo año. Luego la ANC activó para octubre de 2018 la elección de gobernadores (a las cuales acudieron candidatos críticos, cuatro de los cuales: Zulia, Táchira, Mérida y Anzoátegui, resultaron electos pese a los señalamientos de un gigantesco fraude). También se llamó a elecciones de alcaldes en diciembre, con el mismo rechazo opositor, pero las elecciones se realizaron y se renovó el más alto nivel municipal. A comienzos de 2018 y sin duda valorando el fracaso de las protestas populares del año anterior y las complicaciones internas ya conocidas de la MUD, Maduro planteó el adelanto de la elección presidencial que debía realizarse a finales del año por tradición constitucional. Si bien la reelección fue considerada ilegítima, Maduro se mantiene en el cargo y el oficialismo ejerce ahora un amplio control de gobernaciones, alcaldías y concejalías, lo cual junto con el férreo manejo de los otros poderes públicos (salvo la AN) le permite un amplio margen de gobernabilidad. 

Todo indica que el mandatario insistirá en el adelanto de los comicios que ya han sido rechazados y desconocidos no solo por la oposición sino por un bloque decisivo de países que median en la búsqueda de una plena convivencia democrática. Pero el hecho cierto es que incluso con un nuevo llamado a la abstención, nadie asegura que por esta vía el oficialismo alcance de nuevo el control de un organismo que ha sido la plataforma y el bastión de la “Operación Libertad” liderada por Juan Guaidó, y en general de las acciones opositoras. Paradójicamente el llamado a la abstención ha facilitado el mandato madurista, por lo que en sana lógica los factores disidentes deberían abrir un debate crítico y autocrítico en relación a su formulación estratégica, cuando menos.