Medina fue acusado de los delitos de "incitación al odio, enriquecimiento ilegal y asociación criminal", por los que puede ser condenado a hasta 20 años de cárcel. Se prevé que sea llevado para audiencia preliminar ante un juez, la cual ha sido postergada ocho veces, para este jueves 23 de mayo.

Trabajó para diferentes medios de comunicación siendo fotoperiodista y formaba parte de un grupo de periodistas en el que trabajaba para un proyecto de investigación en un hospital de Caracas, afirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Las autoridades venezolanas deberían liberar inmediatamente a Jesús Medina, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace casi nueve meses por su trabajo periodístico, señalaron hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y Human Rights Watch.

Está previsto que Medina sea llevado ante un juez para su audiencia preliminar, que se ha postergado ocho veces, el 23 de mayo de 2019. El 29 de agosto de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Medina, que ejercía como fotoperiodista para varios medios. Formaba parte de un equipo de periodistas que trabajaba en un proyecto de investigación en un hospital de Caracas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Se encuentra detenido en la prisión militar Ramo Verde. (El único otro periodista detenido actualmente en Venezuela cumple arresto domiciliario, según investigaciones del CPJ).

“Las autoridades venezolanas deberían desistir de inmediato de los cargos absurdos contra Jesús Medina y dejar de buscar pretextos para prolongar su detención preventiva”, expresó Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del CPJ. “Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo”.

El 31 de agosto, Medina fue acusado de varios delitos, incluidos los de incitación al odio, lucro ilegal en actos de la administración pública y asociación para delinquir, señaló un abogado que integra el equipo que asumió su defensa y pertenece a la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal. El abogado manifestó que el expediente penal no incluye ningún análisis legal ni fáctico que fundamente estas acusaciones. Conforme a los imprecisos términos de la ley contra el odio de Venezuela, el delito de “incitación al odio” se pena con hasta 20 años de cárcel. La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, conformada por miembros leales a Maduro y creada para arrogarse las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora.

Conforme al derecho venezolano, la audiencia preliminar de Medina —en la cual el Ministerio Público debe justificar los cargos formales— debería haberse realizado dentro de los primeros 45 días. Ha sido postergada ocho veces, más recientemente el 2 de mayo. En seis ocasiones, la postergación se debió a que el tribunal no había emitido la orden para que Medina fuera trasladado a tiempo desde la cárcel hasta el tribunal, y la audiencia no pudo realizarse sin su presencia, indicó otro de los abogados de Medina del Foro Penal. En las otras dos instancias, el tribunal no había pedido el expediente a la sala de apelaciones, donde se encontraba, y esto también impidió que se realizara la audiencia.

Medina había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas en octubre de 2017, mientras realizaba trabajo periodístico desde una prisión en el norte de Venezuela, junto a dos periodistas internacionales, según trascendió en la prensa. El mes siguiente, se desconoció su paradero por dos días. Fue hallado en una autopista en las afueras de Caracas, y afirmó que quienes lo secuestraron, lo habían torturado y amenazado con matarlo, conforme informaron distintas fuentes.

La organización venezolana por la libertad de expresión Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, se detuvo a 37 periodistas, 4 fotoperiodistas y otros 10 trabajadores de medios, incluidos camarógrafos, técnicos y conductores. Esta cifra prácticamente duplica a la del mismo período en 2018.

Algunos casos recientes son la detención del periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz en marzo, la detención y deportación del periodista independiente estadounidense Cody Weddle, ocurrida una semana antes, y un incidente que tuvo lugar en febrero, cuando miembros de un equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, estuvieron detenidos por varias horas dentro del palacio presidencial de Miraflores antes de ser expulsados del país.

“La detención de Jesús Medina coincide con un patrón de detenciones arbitrarias y hostigamiento de opositores, críticos y cualquiera que se atreva a decir la verdad sobre lo que sucede en Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región y de Europa a quienes les preocupa la falta de independencia judicial y Estado de derecho en Venezuela deberían apoyar nuestro reclamo de que Medina sea liberado en forma inmediata”.