• Quince senadores estadounidenses, entre ellos Bob Menéndez y Marco Rubio, presentaron un proyecto de ley que establece que el gobierno de ese país debe proceder en relación a Venezuela por medio de negociaciones y “buscar una solución pacífica y diplomática a la crisis”.
• Se produce así un viraje significativo, puesto que con anterioridad no se había mencionado esta opción como camino a transitar.
• Sin embargo, la ley continúa centrándose en un conjunto de sanciones que apunta a impedir que Venezuela venda su producción petrolera, lo que va a conducir a que se incrementen de manera exponencial las penurias de la población, al no poder disponer Venezuela de las divisas necesarias para la importación de insumos y alimentos.
• La ley también incluye acciones orientadas a fracturar el campo gubernamental y propiciar deserciones, por medio del mecanismo de recompensas. Estas acciones se sitúan fuera del campo de la diplomacia y generan tensiones.
• Igualmente, la ley pauta “la coordinación con los socios latinoamericanos y de la Unión Europea”, para internacionalizar las sanciones.
• Desde esta misma perspectiva, John Bolton le hizo los requerimientos a Josep Borrell, ya que hay 94 empresas españolas en Venezuela, entre ellas la petrolera Repsol.
• La política de sanciones es considerada como “cruel” desde las páginas de The American Conservative, y tendrá un impacto “horrible”, según el New York Times.
• Por su parte, Rusia será el país que suministrará a Venezuela los equipos para la reposición de los componentes dañados durante los apagones. Será con un equipamiento próximo al de las líneas 765 Kv del Guri. Una parte será enviada por avión y otra, por sus dimensiones, vendrá por vía marina.
• En Moscú se encuentra el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez en visita oficial, quien firmará un acuerdo sobre el sector de la energía eléctrica.
• Y para la semana próxima entrará en la cámara de representantes estadounidense un proyecto de ley bipartidista que prohíbe el uso de la fuerza militar en Venezuela sin autorización del Congreso.
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