"Esos 173 casos a los cuales nosotros hicimos referencia, la semana pasada, incluyen no sólo a periodistas sino a trabajadores de la prensa que les han robado sus implementos de trabajo, que han sido golpeados o amenazados, amedrentados, perseguidos, censurados, y muchísimo tiene que ver también con la autocensura que se infligen los medios de comunicación por la persecución que se tiene, ¿pero a quién perjudica? Al pueblo venezolano en general que no tiene la información en un momento determinado".

La diputada detalló que "los periodistas son víctimas de una persecución y una agresión muy importante, de alta entidad, 'feroz' la hemos calificado, porque en los últimos tres meses, lo que va de este año, la arremetida, la persecución, el hostigamiento, las privaciones ilegítimas de la libertad, el impedimento al trabajo de los periodistas, pero también la necesidad que tenemos  como ciudadanos de estar informados, se ha visto impedido", señaló. 

Continuó indicando, durante la entrevista del programa Primera Página, transmitido por Globovisión, que "el derecho a la libertad de expresión es un derecho complejo pero es un derecho humano fundamental, uno del cual tenemos que estar muy conscientes, todos los que me están viendo en su casa, todos los que me escuchan, de entender que es el momento de que nosotros salgamos a elevar nuestra voz". 

Martínez consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene "objetivos muy claros: Nosotros sabemos que éste es un proyecto político modelo que se determinó dentro de su política, es la hegemonía comunicacional; impedir que se sepa la verdad, impedir que las víctimas que estamos en este momento en Venezuela sufriendo una crisis humanitaria compleja de la magnitud que estamos sufriendo no pueda visibilizarse, impedir que efectivamente fuera de esta frontera pueda conocerse lo que efectivamente está pasando y que en tiempo real nosotros tengamos comunicación y tengamos información con las características veraz, desierta, concreta". 

En este orden de ideas, quiso ahondar en la última falla eléctrica que sumergió al país en una oscuridad casi total por más de 72 horas. "Nosotros vivimos en los últimos días, cuando el mega-apagón, no sólo un mega-apagón de falta de energía eléctrica, sino un blackout informativo muy grande que nos puso en contexto realmente de la necesidad que tenemos de tener información, pero resulta que cuando llegó la energía eléctrica que nosotros podríamos aspirar en ese momento a estar informados, poder recibir noticias claras de las fuentes oficiales donde se dijera efectivamente con verdad qué era lo que estaba pasando, no la hemos obtenido. Entonces realmente la búsqueda y qué se persigue es: silenciar a la víctima, impedir que se conozca la realidad, impedir que fuera de nuestra frontera se sepa la realidad, y sobre todo, desarticularnos", aseguró. 

La presidenta de la Comisión de Medios del Parlamento también expuso una de las medidas que estarán llevando a cabo para mejorar la problemática de la desinformación y poder seguir con precisión los casos de relevancia. "Decidimos desde la comisión, crear el Observatorio Venezolano de Información y Libertad de Expresión; estamos creando este observatorio para poder hacerle seguimiento a esta serie de agresiones, amenazas, persecuciones", y "todo lo que está pasando". 

En cuanto a la reciente visita de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que estuvo recorriendo diversas zonas del país para establecer la situación actual de los ciudadanos venezolanos, comentó que estuvieron reunidos, acompañando al presidente de la Asamblea Nacional y a toda la junta directiva cuando fue recibido el equipo técnico enviado por la alta comisionada, afirmando que "en esa reunión con la comisión expresamos una visión de todo lo que estaba ocurriendo; pedimos inmediata ayuda, la cual fue respondida, tuvimos una intervención inmediata incluso por Twitter de Bachelet y la intervención directa de esa comisión técnica". 

Por otra parte, también brindó su punto de vista referente a la pena establecida dentro de la Ley de Odio (que estipula de 8 a 10 años de condena): "no es alta, es que no debe existir, no puede haber una penalización, una criminalización, un hostigamiento utilizando supuestas normas que no tienen además ningún tipo de sustento jurídico. La única institución que tiene la competencia y la potestad de legislar, se llama 'Asamblea Nacional'", dijo, agregando que "tiene que ser desconocida" porque "es nula desde todo punto de vista: desde la forma, desde la legitimidad y desde el fondo".