La detención de Roberto Marrero, dirigente de Voluntad Popular y jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional y considerado también como presidente interino de la República, Juan Guaidó; por estar presuntamente involucrado en planes terroristas, según el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol y el propio presidente Maduro, contribuye sin duda a exacerbar las tensiones políticas. Al detenido, junto a su escolta Luis Alberto Páez Salazar, se le habrían incautado "armas de guerra y numerosas divisas en efectivo" como parte de una operación de desestabilización prevista para los próximos días de acuerdo a una estrategia internacional que se ha planteado como única salida a la crisis la renuncia del gobernante. Maduro advirtió que "al gobierno venezolano bolivariano y revolucionario no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel".
Como era previsible, el episodio provocó la reacción inmediata de varios gobiernos en lo que el "Diario las Américas" calificó como una "condena mundial". Entre otras declaraciones, se destaca la del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien señaló: "llamamos a su liberación inmediata y vamos a responsabilizar a los involucrados"; por su parte, la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, pidió que Marrero "sea liberado inmediata e incondicionalmente" y voceros del Grupo de Lima rechazaron su "detención ilegal" y el "allanamiento inaceptable de la residencia del diputado Sergio Vergara"; más cerca, el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, expresó que "de no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, el Gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas para hacer frente a la violación a la libertad por parte del Régimen de facto en Caracas".
Es evidente que el camino para superar la polarización nacional está cada vez más en manos de factores externos que en los últimos años actúan, no como mediadores u observadores de negociaciones (como ocurría en los grandes conflictos y guerras mundiales) sino ahora como si se tratara de los propios actores en pugna.
Es lógico que exista preocupación por la violación de los derechos humanos en el mundo y precisamente en el caso de Venezuela el reciente informe previo ordenado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, destaca asesinatos durante la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), restricciones a la libertad de expresión y prensa, colapso de los servicios públicos, criminalización de la protesta además de la necesidad de encontrar una solución pacífica a la crisis.
En Roma
También en atención al llamado "caso Venezuela" el lunes 18 y martes 19 de marzo se reunieron en Roma el Enviado Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, y el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov, según dijeron para "encontrar salidas" al conflicto nacional, y si bien calificaron de positivo el encuentro, admitieron que se trata de una ruta difícil e impredecible.
Llama la atención, sin embargo, la ausencia de la representación del gobierno y de los sectores opositores, los cuales después de la desaparición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) actúan sin una línea común. ¿Acaso los ejes de la polarización han otorgado poderes especiales a potencias extranjeras hegemónicas para atender los asuntos que interesan a todos los venezolanos? ¿La toma de decisiones sobre temas como la convocatoria a elecciones, la suerte de un Presidente o el destino inmediato de un país debería estar en manos de naciones que más allá de sus buenas intenciones representan una clara injerencia en asuntos propios? ¿Ello no significaría también una dolorosa cesión de soberanía y más aun de un país, cuya historia se ha construido a partir de la lucha por la independencia y que con razón rinde tributo a las luchas de próceres como Francisco de Miranda y Simón Bolívar?
La dirigencia política (tanto oficialista como opositora) está de esta manera emplazada a dar una explicación a los venezolanos que sufren directamente las consecuencias de una crisis de tal magnitud que obliga ahora a la actuación de poderes foráneos. Por ello no es de extrañar que cualquier hecho que ocurra en Venezuela pueda convertirse, sin haber sido valorado con precisión en sus alcances y responsabilidades, en una automática "condena mundial".
Temer y el tsunami brasileño
El jueves 21 de marzo el expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido por orden del juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, bajo la acusación de liderar una "organización criminal" que recibía sobornos a cambio de favorecer empresas ya condenadas anteriormente en medio de investigaciones que descubrieron un gigantesco escándalo de desvíos hechos por la petrolera estatal Petrobras. Bajo la dirección de Temer el mecanismo de corrupción habría desviado durante casi 40 años aproximadamente 473,7 millones de dólares en recursos públicos.
Como se recuerda, la expresidenta Dilma Rousseff fue suspendida por el Congreso acusada también de corrupción y el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva cumple ahora 9 años y seis meses de prisión por acusaciones similares. Incluso, antes de su toma de posesión, el actual mandatario Jair Bolsonaro, si bien no directamente, fue señalado por medios de comunicación por hechos que podrían configurar también delitos cuya comprobación comprometería su mandato y también su carrera política.
Es sabido que en los últimos años el manejo de la corrupción se ha constituido en un recurso frecuente para descalificar a gobernantes y líderes políticos, siendo el caso más conocido la suerte corrida por exgobernantes de Perú, el último de los cuales, Pedro Pablo Kuczynski, debió renunciar antes de ser destituido por el Parlamento. El tsunami de la corrupción decreta ahora los cambios políticos en América Latina.
@Manuelfsierra
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