Estados Unidos señaló este miércoles a Venezuela como uno de los países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos, en el informe del 2018 que realiza el Departamento de Estado sobre la materia anualmente.
En una rueda de prensa, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, explicó que el Gobierno venezolano incrementó la represión tras el fallido ataque con drones contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y citó como ejemplo la detención del diputado Juan Requesens, acusado de ser uno de los responsables de la agresión.
A su vez, indicó que la documentación de "abusos" sirve para "provocar cambios" en Gobiernos de todo el mundo y "acabar con sus brutalidades".
El informe sirve al Congreso para considerar conceder ayuda a diferentes países. El texto contiene información sobre 200 naciones del mundo y habla sobre varias tendencias "preocupantes"; como el tráfico de personas, corrupción y privatización de libertad a civiles. Otros de los países nombrados en el texto son Cuba, Nicaragua, Irán y China, reseñó Efe.
En este sentido, Pompeo aseguró que el presidente de Cuba es responsable de "la mayoría de los abusos contra los derechos humanos en Cuba", entre los que mencionó torturas, censura y detenciones arbitrarias.
A su vez, denunció que la "impunidad" por esas violaciones es generalizada.
El informe anual también señala que existe “información creíble” sobre torturas y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, que considera que están “politizadas” e influenciadas por el régimen de Maduro.
“La situación de los derechos humanos es terrible, creo que está bien documentada en este informe. Este informe va sólo hasta finales de año y la situación solo ha empeorado desde entonces”, dijo en rueda de prensa Michael Kozak, responsable de derechos humanos del Departamento de Estado.
En su informe, el Departamento de Estado cita 2.000 casos de detenciones arbitrarias y 286 “presos políticos”, documentados por la ONG Foro Penal, que asegura que esa cifra -que data del 18 de noviembre- es menor a los 676 “presos políticos” que produjo la ola de protestas de 2017.
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