Caracas.- La nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) que se instala este sábado se enfrenta a nuevos desafíos, sobre todo al ser un poder público considerado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que genera que sus decisiones sean desconocidas por el Ejecutivo nacional y demás organismos del Estado.
Uno de los primeros retos que encara el Parlamento recae sobre la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro, para el período legislativo 2019-2025.
Ya Voluntad Popular (VP) ha adelantado que desconocerá el nuevo Gobierno de Maduro –que inicia el 10 de enero– al tildar como fraudulentos los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, que también fueron desconocidos por la oposición, Estados Unidos (EEUU), la Unión Europea y los principales países de Latinoamérica.
En la sesión de instalación de la junta directiva de la AN, que se realizará hoy a las 11:00 a.m. se espera que el tema central se enfoque en la toma de posesión de Maduro. Distintos diputados han mencionado que actuarán con base en lo que establece la Constitución de la República.
Según los acuerdos de rotación anual, se prevé que la AN sea presidida por Juan Guaidó, dirigente de VP; Edgar Zambrano de Acción Democrática (AD) como primer vicepresidente; Stalin González del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) como el segundo vicepresidente; y un representante de Primero Justicia (PJ) como secretario.
Durante una rueda de prensa, el integrante del Frente Amplio Venezuela Libre, Angel Oropeza, señaló que ese bloque respaldará las decisiones que tome el Parlamento.
Ayer, el Grupo de Lima, a excepción de México, exhortó a el jefe de Estado venezolano a no asumir su nuevo mandato y, en cambio, transferir el poder al Parlamento hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) informó este viernes que fue convocada para el jueves 10 de enero una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela.
El 6 de diciembre de 2015 la oposición logró la mayoría calificada en la Asamblea Nacional al conseguir 112 curules de los 167 disponibles. En dichos comicios sufragaron 14.385.349 electores. Desde ese entonces, las funciones del Legislativo se han visto limitadas por otros poderes públicos considerados afines al Gobierno -como el Judicial-.
El 11 de enero de 2016 –a pocos días de la instalación de la Asamblea Nacional presidida entonces por el diputado Henry Ramos Allup– el TSJ declaró en desacato al Parlamento luego de que este incorporara a tres diputados de Amazonas que, según el Poder Judicial, resultaron electos en unos comicios “irregulares”.
Desde ese entonces, el Ejecutivo nacional ha desconocido las decisiones del Legislativo y ha respaldado la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que desde el año 2017 (luego de las protestas antigubernamentales) dicta leyes y convoca elecciones.
Del el 2016 al 2018 algunas acciones por parte del Gobierno fueron decisivas para el funcionamiento del Parlamento, sobre todo en el aspecto legal como la instauración de la ANC, pero también en lo económico, al no suministrar los recursos necesarios para remunerar la labor de los diputados y del personal que labora en el Palacio Federal Legislativo.
Hasta la fecha, diversos diputados se encuentran en el exilio y otros han sido detenidos y luego puestos en libertad, sin embargo, Juan Requesens continúa preso en El Sebin acusado de participar en el intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro, en compañía de Julio Borges, quien se encuentra exiliado en Colombia.
La entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz -fiel seguidora de llamado Legado de Hugo Chávez- se distanció del Gobierno luego de que este limitaran las acciones de la AN.
Luego de pronunciarse en reiteradas ocasiones contra las actuaciones del TSJ, así como de la instalación de la ANC, y al señalar que en Venezuela se había perdido el Estado de derecho, Díaz fue destituida de su cargo y huyó del país.
La Constituyente de 2017, presidida por el oficialista Diosdado Cabello es -según el Gobierno- la oficialmente encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.
Esa instancia plenipotenciaria fue promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y electa el primero de mayo de 2017 mediante el decreto presidencial N° 2830 y ha asumido las principales funciones del Parlamento.
El máximo tribunal del país emitió el 30 de diciembre del año 2015 y el 11 de enero del 2016 una sentencia donde ordenó la suspensión a efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas y la Región Indígena Sur.
El ente declaró la invalidez jurídica del acto de juramentación e incorporación a la AN de los ciudadanos, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en los cargos de diputados por, según la entidad, violación flagrante del orden público constitucional.
El lunes 9 de enero, durante la primera sesión ordinaria del año 2017, la AN votó a favor de su desincorporación luego de que los tres parlamentarios remitieran una comunicación ante la junta directiva.
El 17 de julio del año 2018 el parlamentario de la AN, Omar González, anunció la incorporación de los diputados del estado Amazonas, en nombre de la Fracción 16 de Julio.
Antes de que se instalara la ANC, el 29 de marzo del 2017 el TSJ informó que asumiría por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias debido al desacato.
Dicha decisión radicaba de la denuncia llevada a cabo por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que alegaron la compra de votos.
El TSJ instó a que se llevaran a cabo una serie de investigaciones que aclararan los hechos y aceptó la denuncia, aunque no dictó una sentencia sobre las elecciones de Amazonas.
Aunque el Gobierno ha tildado a la Asamblea Nacional como "ilegítima", los países del Grupo de Lima, así como EEUU y la Unión Europea la reconocen.
Entre los dictámenes de la Asamblea Nacional destacan el desconocimiento de distintos funcionarios públicos nombrados por la ANC, el "enjuiciamiento e inhabilitación" de Maduro y la aprobación para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación en Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Entre sus les leyes destacan la aprobación de un “Acuerdo con Motivo del Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, que solicita a la comunidad internacional la atención inmediata a la catástrofe humanitaria, económica, política y social que afronta Venezuela.
Igualmente, la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Salud, una legislación que dentro del marco de la seguridad social propone descentralizar la atención médica como una de las funciones de las autoridades municipales y una reforma de 21 artículos de la Ley Orgánica de los Consejos a solicitud del diputado José Trujillo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, para que las organizaciones vecinales tengan recursos y a cargo de las cámaras municipales y no bajo la dependencia del Gobierno.
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones