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La muerte en el Sebin

Dos versiones imprecisas y ligeras, contribuyen a oscurecer lo ocurrido a Albán

  • Diario El Universal

14/10/2018 05:30 am

MANUEL FELIPE SIERRA

La muerte en sospechosas circunstancias de Fernando Albán, concejal dirigente de Primero Justicia, prisionero en el Sebin añade un nuevo elemento en la tensión política nacional con inmediata repercusión en el plano externo. 

El tema del respeto a los derechos humanos por parte del régimen madurista es uno de los principales reclamos que se formulan en relación a su naturaleza democrática.

Ello explica que el lamentable suceso - aun no suficientemente explicado por los voceros oficiales - haya desatado numerosas e importantes reacciones. 

Ravina Sahmadasani portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra anunció que investigará el caso en todos sus detalles; la Unión Europea a través de Federica Mogherini señaló que es "el deber del Estado garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas en custodia" ; el canciller español Joseph Borrell convocó al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea para ofrecer explicaciones y, en el mismo sentido, se pronunciaron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los voceros de las principales cancillerías latinoamericanas. 

Albán fue detenido el viernes 5 de octubre en el Aeropuerto de Maiquetía cuando regresaba de visitar a su esposa e hijos en Estados Unidos y trasladado a la sede del Sebin en Plaza Venezuela bajo sospecha de haber tenido injerencia en el frustrado atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto en la avenida Bolívar. 

Sus compañeros de partido denunciaron la detención como producto de la persecución política de que son objeto dirigentes de Primero Justicia y, especialmente, su secretario general Julio Borges, ahora en Colombia y a quien se le ha solicitado orden de extradición por supuesta responsabilidad intelectual en el mismo hecho. 

El lunes 7 de octubre en horas de la tarde el fiscal general de la República Tarek William Saab informó que Albán se había "suicidado" al solicitar ir al baño de su celda desde el piso 10 momentos antes de ser llevado al Palacio de Justicia. 

El ministro de Relaciones Interiores y Justicia general Néstor Reverol informó luego "en el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal encontrándose en la sala de espera en el Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte". Dos versiones imprecisas y ligeras que contribuyen a oscurecer lo ocurrido. 

En cambio, dada la gravedad del suceso era de esperarse que el Ejecutivo ofreciera una explicación más precisa y esclarecedora por cuanto se trata de un ciudadano que perdió la vida en un establecimiento penal donde ella es responsabilidad de sus carceleros.  Las instalaciones del Sebin en El Helicoide y Plaza Venezuela en los últimos cuatro años han recibido a numerosos venezolanos acusados de delitos políticos y especialmente durante las protestas opositoras en los años 2014 y 2017, y el sótano conocido como " la tumba" en la sede principal, se ha hecho famoso por la aplicación de torturas y todo tipo de maltrato físico a los prisioneros, lo cual ha provocado huelgas de hambre de los procesados y movilizaciones callejeras de sus familiares.

En esas circunstancias para la opinión pública el suicidio de Albán - cuando son repetidas y frecuentes las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos - es un caso que debe ser sometido a una investigación independiente rigurosa y no solo confinada a las instancias oficiales, como se sabe, enteramente politizada.

Contra el olvido 

El llamado suicidio de Albán ha refrescado el recuerdo de dos crímenes políticos parecidos en los años 60 y 70 durante la insurrección guerrillera de la izquierda. El 21 de junio de 1966 Fabricio Ojeda apareció ahorcado en un calabozo del SIFA en el Palacio Blanco; el líder guerrillero y expresidente de la Junta Patriótica en la lucha contra Pérez Jiménez había sido detenido dos días antes en un apartamento del Litoral Central. 

La noticia produjo natural conmoción y la fuente policial atribuyó el hecho a un cuadro depresivo del notable periodista y luchador político. Horas después se permitió a un grupo de parlamentarios el acceso al calabozo y de esta manera el suicidio se consagró como la verdadera versión, toda vez que en las circunstancias políticas de la época no era factible una discusión abierta en los medios de comunicación. 

Sin embargo, para sus partidarios Ojeda habría sido otra víctima de la represión y pasados los años el proceso chavista-madurista reivindicó su legado y su sacrificio, tanto que hoy sus restos descansan en el Panteón Nacional. 

Diez años después, el 23 de julio de 1976 Jorge Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, fue detenido en las investigaciones sobre el secuestro consumado meses antes contra el industrial norteamericano William Niehous y del cual se responsabilizaba a su organización. 

Dos días después en un calabozo de la Digepol apareció el cadáver de Rodríguez brutalmente torturado. Esa tarde en su despacho como ministro de Relaciones Interiores Octavio Lepage ofreció una rueda de prensa donde informó que el dirigente político había sido asesinado por agentes del cuerpo policial, quienes ya habían sido detenidos y sometidos al proceso penal correspondiente. 

Los asesinos debidamente confesos debieron cumplir con la pena que les fue impuesta por los tribunales.

El caso Albán ahora obliga a los organismos públicos a realizar una investigación exhaustiva y desprejuiciada, para castigar a quienes resulten autores del crimen, salvo que existan elementos suficientes e incontrovertibles en relación a la hipótesis del suicidio. Siempre la justicia debe estar por encima de las ideologías y las complicidades partidistas. 

Grupo de Boston

Varios parlamentarios venezolanos junto a colegas norteamericanos, el año 2000 organizaron el Grupo de Boston para intercambiar visitas y encuentros en función de fortalecer las relaciones y amistad entre ambos países. 

En los últimos días sus promotores (pese a las tensiones que caracterizan ahora las relaciones entre los gobiernos) iniciaron contactos y aproximaciones. Esta semana estuvo en Caracas el senador republicano Bob Corker presidente del Comité de Senadores Exteriores del Senado quien sostuvo reuniones con organizaciones políticas, organizaciones ciudadanas y medios de comunicación. 

El visitante aclaró que no propone diálogos ni negociaciones que corresponden exclusivamente a intereses venezolanos, sino que procura tener la mayor información posible sobre la realidad venezolana que en su opinión es interferida por la polarización política ya no solo en Venezuela, sino también en importantes medios internacionales. Una gestión que en todo caso se agradece. 

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