Caracas.- El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, se reunió este martes 10 de junio con representantes del Comité de Vuelta a Nuestros Hijos integrado por familiares de los migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

En este encuentro el Defensor del Pueblo estuvo acompañado por la Defensora Delegada del Área Metropolitana de Caracas, Pasqualina del Vecchio; la Defensora Delegada del estado Nueva Esparta, Geisha Camacaro; Pablo Fernández, director de Derechos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. y Fernando Barroso, jefe de División de Defensa Integral de DDHH de la Secretaría Técnica de la Comisión de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumano o Degradantes.

En la reunión el Defensor del Pueblo escuchó las demandas de los familiares y sus testimonios; al respecto expresó que es necesario sensibilizar a toda la población en estos casos en cada región del país a los fines de solicitar la liberación de los 252 venezolanos detenidos ilegalmente en El Salvador.

En ese sentido, Ruiz refirió que desde hace tres semanas desde el ente defensorial se han enviado diferentes comunicaciones a la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, solicitando que se visiten y verifiquen las condiciones de salud de los inmigrantes prisioneros, sin haber recibido respuestas hasta el momento.

Asimismo, pidió la coordinación con todas las instituciones de derechos humanos a nivel mundial para que cese la violación de los derechos de los migrantes venezolanos estigmatizados por los EE.UU. y secuestrados en El Salvador.

Ruiz reiteró que los familiares están reclamando, exigiendo que cuanto antes y lo más inmediatamente posible, sean devueltas esas personas que están retenidas ilegalmente en El Salvador, por orden de autoridades de Estados Unidos.

Comentó que la detención de estos muchachos repercute de forma negativa en la desintegración de las familias, ya que muchos estaban trabajando para mantener no solo sus proyectos de vida, sino a sus familias, hijos, hijas, abuelos, abuelas, padres y madres.

Asimismo, el titular del ente defensorial informó que “la Defensoría del Pueblo pone todas sus sedes y todo su esfuerzo a la orden para atender a cada una de las familias afectadas por estas detenciones injustificadas y que violan sus derechos humanos”.

Por último, instó a que se escuche la historia de cada una de estas personas que están privadas ilegalmente de libertad, la tragedia de cada una de sus familias, “que no se debe, como en otras ocasiones, a una tragedia natural, a un accidente, a una situación que se presenta, sino que es un acto deliberado de mantener la angustia y el sufrimiento de esas personas, no solo las que están privadas de libertad, sino a sus familiares”.

Por su parte, Pablo Fernández, director de Derechos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, detalló que en el ente que labora existe la Oficina Nacional de Atención a la Víctima que está desplegada en todo el país, donde se puede brindar, en el caso que lo consideran necesario, el apoyo desde el punto de vista psicológico a los familiares de los detenidos y brindar acompañamiento en ese proceso.