MANUEL FELIPE SIERRA
Como era previsible, el atentado contra Nicolás Maduro durante el desfile del aniversario de la Guardia Nacional el sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar, ha provocado reacciones encontradas y contribuido además a nuevas tensiones en el escenario de la polarización política.
Más allá de los detalles, el hecho cierto es que se activó un ataque con drones que perseguía el asesinato del mandatario y en este caso también del alto mando militar y demás autoridades presentes en el evento.
Horas después los organismos de seguridad anunciaron la captura de varios de los supuestos autores materiales, quienes habrían confesado su responsabilidad en el hecho; y también el propio Maduro en cadena nacional el lunes 6 de agosto anunció la posible autoría intelectual a partir de testimonios de los detenidos.
La noche del jueves 9, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, presentó varios perfiles de las personas que estarían presuntamente involucrados; y ya en horas del mediodía la Asamblea Nacional Constituyente atendiendo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, despojó de su inmunidad parlamentaria a los diputados Juan Requesens (quien la noche anterior fue apresado por funcionarios del Sebin), y el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien se encuentra desde hace meses en Bogotá.
EL MUNDO REACCIONA
Mientras tanto, la reacción internacional condenó el hecho de violencia pero exigió al mismo tiempo una investigación rigurosa y ajustada a la realidad, ante el riesgo de que ella pueda contaminarse con la simple represión por razones políticas. El Gobierno de Estados Unidos, a través de varios voceros, negó que tal y como fue sugerido por Maduro, pudiera tener alguna implicación en el hecho; condenó el uso de métodos violentos en la política y ofreció colaborar en la investigación y sanción de quienes hubieran utilizado el territorio norteamericano para la planificación del ataque.
En Caracas, el encargado de negocios, James Story, recibió al canciller Jorge Arreaza acompañado del Fiscal General Tarek William Saab, quienes presentaron pruebas de la vinculación del ciudadano venezolano Osman Delgado Tabosky (cuyas propiedades en Carabobo fueron allanadas y ocupadas ya por las autoridades), y quien habría financiado y dirigido la operación.
La portavoz de la cancillería de Rusia, María Zajároba, consideró también "absolutamente inaceptable lo ocurrido que afecta la estabilidad del desarrollo tanto de Venezuela como de Latinoamérica, por lo que se espera que la investigación determine no sólo a sus organizadores sino también a las fuentes y canales para financiar este crimen"; al tiempo que en un documento la Unión Europea pidió una investigación exhaustiva y transparente en la línea expresada por el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres; por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y representantes de varios Gobiernos.
MAYOR TENSIÓN
A nivel nacional, si bien los voceros de los partidos opositores condenaron el hecho por razones de principios, han expresado dudas sobre el curso de las investigaciones más aún cuando ya se les ha atribuido responsabilidad (sin que medien las averiguaciones de rigor) a varias personas solo en atención a testimonios de los presuntos ejecutores detenidos; y más todavía con el rápido allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la orden de detención de Requesens y Borges, quien es uno de los líderes más representativos y consecuentes del mundo crítico al chavismo-madurismo, desde el comienzo del proceso bolivariano.
Si bien la acción es típicamente terrorista, por cuanto además de atentar contra el mandatario con la figura del magnicidio procuraba una matanza impredecible y con su inevitable desenlace en la guerra civil, pudo servir sin embargo como un nuevo elemento para aproximar el dialogo y las negociaciones entre las dirigencias políticas y los principales factores sociales para abordar la crisis, ahora se transforma en un nuevo elemento de confrontación y discrepancias que alejan una salida concertada en procura de la gobernabilidad y la paz ciudadana, que son exigidas también como indispensables en las exhortaciones internacionales de los últimos días.
Una situación que se agrava con el señalamiento presidencial de la supuesta responsabilidad del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos en la preparación del atentado, justamente cuando en el país asume el nuevo mandatario Ivan Duque, quien entre las prioridades de su gestión a puesto énfasis en una salida democrática a la crisis venezolana, que en razón del incremento de las migraciones a los países vecinos (se señalan 4.000 inmigrantes diarios en Ecuador) se convierte en un asunto que más allá de consideraciones políticas, involucra las naciones latinoamericanas, que no conocían un fenómeno parecido con las características y la gravedad que asume la llamada "diáspora venezolana".
Todo un escenario que obligaría al Gobierno a entender que si bien está obligado a profundizar en la investigación del hecho y establecer la responsabilidad de los culpables, ello ocurre en un clima de exacerbación política, con una imparable hiperinflación y la profundización de la violencia social; pero que al mismo tiempo obliga a los sectores opositores sin exclusión se partidos a un clara y definitoria posición del rumbo de su estrategia futura que debería, de acuerdo al más elemental sentido común, enfatizar en la organización ciudadana y en el camino democrático y constitucional como la única salida posible para los graves padecimientos de los venezolanos. ¿Estará la dirigencia venezolana en capacidad de asumir semejante reto histórico?
@manuefsierra
manuelfsierra@yahoo.com
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