El caso Petro en Colombia

JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE |  EL UNIVERSAL
jueves 26 de diciembre de 2013  12:00 AM
Cuando alguien que está ocupando un cargo público de elección popular, es destituido del mismo por una sentencia condenatoria emitida por un tribunal, después de un juicio realizado dentro del marco legal de un país y como consecuencia, todo ello, de haber sido acusado de un delito, puede afirmarse que nos encontramos en presencia de un acto de justicia. Pero cuando ese mismo funcionario es sacado de su cargo  por la decisión de otro funcionario, sin  procedimiento legal alguno, sin que tenga la oportunidad de defenderse y, sobre todo, sin que la causa de la remoción  esté clara, no hay duda de que estamos en presencia de un caso político, de venganza  política. En Colombia se habla de conspiración política.

Pareciera que esto fue lo que le pasó al, hasta no hace poco,  alcalde de Bogotá  Gustavo Petro, quien fue destituido de su puesto por el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, e inhabilitado por 15 años para el ejercicio de cargos públicos. Petro tiene derecho todavía a un recurso de reposición ante la misma Procuraduría, que deberá ser resuelto en un plazo de más o menos un mes. Se trata del segundo alcalde de Bogotá en ser destituido. En mayo del 2011, la Procuraduría también defenestró al entonces alcalde Samuel Moreno por omisión en la vigilancia de la ejecución de contratos de las obras públicas. Moreno, quien siempre ha negado los cargos, está en prisión desde septiembre del 2011 por decisión judicial. Alejandro Ordóñez  es,  también, el mismo procurador que inhabilitó en el 2010 a la senadora Piedad Córdoba  por 18 años.

En el  caso especifico de Petro,  el  origen de la drástica decisión del procurador  estaría en el caos de la recolección de la  basura en la ciudad de Bogotá en diciembre del año pasado, cuando el entonces alcalde, cambió el modelo que venía operando, municipalizando el servicio, con lo cual  resultaron afectados los intereses  de las empresas privadas que lo venían prestando tradicionalmente y que algunos  sectores políticos vinculan con el "uribismo" y la derecha tradicional. Como consecuencia de esa  decisión, por lo demás y a nuestro modo  de ver, dentro de las funciones de un alcalde,  durante casi una semana la capital colombiana estuvo inundada de basura, lo que llevó  a que por esa "irresponsabilidad",  el procurador de la nación decidiera  aplicar  el Código Único Disciplinario (ley 734 del 2002) y destituir al funcionario, quien ocupaba el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia, después del de Presidente de la República. Con razón el propio Petro dijo en días pasados, que si en lugar de alcalde, hubiese sido el Presidente, el procurador  hubiese consumado un golpe de Estado.

Y aquí está el quid del asunto, pues más allá de la competencia legal que pueda tener el procurador, lo que hay que plantearse es si algún órgano del Estado, que no sea el propio Poder Judicial, puede en justicia y sin que se preste como un instrumento de anulación o revancha política al servicio de  intereses subalternos, tener la potestad de cesar a un funcionario electo por los votos del poder popular. Yo creo que ninguna ley puede darle esa atribución. Ni siquiera el Presidente de Colombia que es a quien  el art. 323  de la Constitución colombiana le da realmente la potestad de destitución del  Alcalde Mayor, en los casos taxativamente señalados por la ley, una vez oído el informe del procurador;  lo cual, por cierto, no ocurrió en este caso pues el procurador aplicó la supuesta sanción disciplinaria directamente.

Al igual que ocurre en Venezuela con la Contraloría General de la República, el caso Petro sirve para demostrar que determinados cargos públicos designados a dedo, pueden cumplir un rol retorcido ligado a fines políticos particulares, por lo que hay quienes piensan que quien debería haber sido enjuiciado y  destituido es el procurador de la nación en el país vecino.

Ahora bien, uno de los puntos que requiere una explicación lógica en Venezuela, pues en Colombia está claro que la sanción justa o no, destituye al funcionario de su cargo "ipso facto", es cómo quienes resultan inhabilitados estando en ejercicio de un cargo público, no pueden ser elegidos para las próximas elecciones, pero sí mantenerse en el puesto donde supuestamente cometieron la irregularidad administrativa objeto de la sanción, o lo que es más grave, un delito de corrupción. Lo cual no deja  dudas sobre  cuál es la verdadera intención que está  detrás de las inhabilitaciones políticas en nuestro país.

Aunque la "lógica" del asunto es un tanto diferente en ambos países, la finalidad al final, es la misma.
             xlmlf1@gmail.com


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Comentarios (21)
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Por JAVIER ALMANZA
26.12.2013
7:14 PM
Se equivoca el articulista cuando asevera que al alcalde Gustavo Petro, se lo destituyó e inhabilitó, sin juicio legal o debido proceso, tampoco es cierto que no contó con defensa, pues el tena su abogado. Lo que le pasó a petro, es que trató de aplicar la teoria chavista de que quien es electo por voto popular, puede hacer todo lo que quiera, sin atenerse a las leyes, simplemente porque es "popular". Los funcionarios publicos en colombia estan sujetos a fiscalizacion penal, civil, administrativa y disciplinaria, es decir que por sus obras pueden ser objeto de sancion en cualquiera de estas jurisdicciones. Por ejemplo, si un funcionario evade la ley que indica que hay que realizar licitaciones, es responsable ante la jurisdiccion penal, disciplinaria y los daños ocasionados con su conducta al patrimonio estatal, le son reclamados mediante jurisdiccion civil o administrativa.El procurador es el juez disciplinario del alcalde y la destitucion es legal (aunque no este en firme).
 
Por Andres Cano
26.12.2013
4:04 PM
perdon un error al escribir mi comentario anterior queria decir "la destitucion de petro" y no "la destitucion del procurador" pido disculpas por el error
 
Por Nando Troyani
26.12.2013
4:02 PM
Pedirle a los opositores que aquí escriben que se hayan leído uno de los tratados de mayor seminalidad jurídica de la civilización occidental: EL ESPIRITU DE LAS LEYES de Montesquieu (lado a lado con el Código de Hammurabi como base del desarrollo y de la historia de la civilización) es demasiado pedir. ¿Quién lo puede dudar?. Contrariamente a lo que algunos, livianamente, piensan ese trabajo no convierte a las leyes en melcocha jurídica. Está, más bien, dedicado a impedir que de la ley se haga chacota con cualquier propósito, político incluido. La pacificación en Colombia tiene dolientes: los uribistas de allá y, vergonzosamente, los de aquí. ¿Para quién es un negocio redondo (comercial y político) que continúe la guerrilla?. Obvio querido Watson.
 
Por FRANCISCO LOPEZ LOPEZ
26.12.2013
3:50 PM
AL SEÑOR QUE ESCRIBE A LAS 2 10P.M. LE DIGO:ENTONCES COMO EL PUEBLO LO ELIGI,DEBEN "CALARSE" HASTA QUE LE DEN LA GANA DE HACER EL REVOCATORIO Y ESE SR. PETRO SEGUIR TAN CAMPANTE EN SU TRONO?LO QUE PASA ES QUE EN COLOMBIA LOS PODERES NO ESTAN SUBYUGADOS A UNA SOLA PERSONA Y HAY RESPETO POR LAS LEYES,OJAL Y AQUI EN VENEZUELA FUERA AS,MAS DE UNO DE LOS ROJITOS Y DE LOS DE LA MUD. ESTUVIERAN PRESOS,PERO COMO AQU MANDAN LOS CASTROS DESDE CUBA,QUE PROBLEMA.
 
Por John Mario Jaramillo
26.12.2013
3:32 PM
Los izquierdosos comunistoides son todos iguales aquí y en la Patagonia: improvisadores e irresponsables en el manejo de los recursos públicos. Este fue el candidato que prometió regalarle agua a los bogotanos sin explicar cómo y de donde iba a obtener los recursos para asumir este nuevo gasto. Por nuestra experiencia sabemos que son amantes de la regaladera a costas de los demás. Igual que acá, en su odio hacia la burguesía bogotana improvisadamente y sin planificación estatizo en la ciudad el servicio de recolección de basuras reemplazando los vehículos que cumplían todas las especificaciones por chatarra. Y así como el fue el denunciante y propiciador de varios debates en el congreso que terminaron en la destitución de varios funcionarios, lo midieron con la misma vara. Para algunos foristas tarifados, igual que aquí, hay corrupción buena (comunista) y mala (capitalista). Allá la justicia no es perfecta pero funciona.
 
Por Andres Cano
26.12.2013
3:22 PM
Llama la atencion como los usuarios chavistas critican la destitucion del procurador en colombia haber chavistas como dije en mi comentario anterior en colombia el procuradur actuo de acuerdo con la constitucion colombiana los invito a que lean el articulo 278 de las constitucion de ese pais, y para los que mencionann el articulo 323 la corte suprema de justicia de colombia ya se pronuncio y dijo que el presidente no pudede destituir al alcalde entonces les pregunto con que derecho vienen a opinar si ustedes no han respetado la constitucion venezolana? acaso se les olvido la cantidad de veces que funcionarios chavistas abusaron del poder? les guste o no el procurador actuo con la ley vuelvo a repetir lean el articulo 278 de la constitucion colombiana, pero los chavistas son los menos indicados en opinar ya que los del PSUV han violado la constitucion venezolana a su antojo
 
Por Ricardo Rocha
26.12.2013
3:18 PM
El articulista tiene un error al concluir que en el caso del alcaklde Petro no hubo un proceso legal. Hubo ese proceso legal, atal punto que la Fiscalia no pudo rebatirlo; y ademas como le llara el articvulista a un proceso de indagacion legal que tiene un sumario de 480 folios. La discusion que se ha armado en Colombia es porque Petro es izquierdista y estos como siempre piensan que la ley se aplica a los demas pero no a ellos. El mejor ejemplo lo tenemos en venezuela en donde los oficialistas atacan y hieren, caso Julio Borges, pero los jueces complices dicen que no hay lugar para querella judicial. En Colombia es diferente, porque alla las cortes son independientes a tal punto que la mayoria de los jueces son de izquierda y fallan contra el gobierno. Asi que a este hombre le falta informarse.
 
Por Nando Troyani
26.12.2013
3:05 PM
Le derecha fascista es igual en todas partes. Latinoamérica es un rosario de las ejecutorias delincuenciales y criminales de los líderes de derecha. Si hay que robarle a la izquierda unas elecciones ganadas en buena lid: ¿Cuál es el problema?. Si para ello hay que llevar al país de turno a una guerra civil, ¿Cuál es el problema?. Si para ello hay que ejecutar las más bárbaras carnicerías: ¿Cuál es el problema?. ¿Los nombre Pinochet, Stroessner, Videla etc. les suenan a conocidos?. Y los recientes robos electorales en Paraguay y Honduras para no entrar en más detalles: ¿les recuerda esa conducta?. Es historia reciente. Es la historia de la ignominia es la historia miserable de nuestros pueblos. ¿Será necesario recordar en asesinato de Gaitán, precisamente en Colombia y sus consecuencias?. Pregúntenle a Petkoff y a P. Márquez: ¿que los llevó a la guerrilla?.
 
Por Rafael nuñez ruiz
26.12.2013
11:37 AM
El caso es que la ley no fue bien aplicada,indistintamente de si este alcalde es no culpable. Además dice el periodista que según el artículo 323 , el único que tiene potestad para destituir al alcalde mayor es el presidente d la república,basado en informe del procurador
 
Por Rafael nuñez ruiz
26.12.2013
10:44 AM
Aquí en Venezuela Cochiola no ha asumido la alcaldía de Valencia y ya le crearon un alcalde paralelo, en fragante violación de la voluntad popular, eso es también conspiración política,igualmente como le hicieron a Ledezma. El chavismo llegó al poder bajo la aplicación de esta estratagema
 
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