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Una sentencia autocrática

GUSTAVO BRICEÑO VIVAS |  EL UNIVERSAL
martes 20 de agosto de 2013  12:00 AM
En realidad, las sentencias de los tribunales no son ni democráticas ni autocráticas. Las sentencias son el resultados de aplicar la ley al caso concreto, no importando la ideología ni consideración política que haga de una u otra forma cambiar el silogismo formal que indica la lógica de la juridicidad o como dicen los juristas, el Derecho Positivo. Ahora, como toda regla tiene su excepción, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que negó su conocimiento de fondo sobre el caso de las elecciones presidenciales, la catalogo como una sentencia meramente autocrática, dada su obediencia a cánones manifiestamente políticos. En otras palabras, aparenta una decisión formalmente política y nada jurisdiccional.

El autocratismo no es más que la necesidad de idear una situación donde el poder se manifiesta de forma unilateral al margen de consideraciones dialogantes y de consenso. El autocratismo es desde luego, una manifestación autoritaria, personalista e inquisidora, que afecta muy significativamente una sociedad libre y democrática. Es decir, la imposición de un concepto sin posibilidad de discernir es lo que ha hecho y descrito la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que analizamos muy detenidamente. La sentencia impone un concepto, impone una situación de forma unilateral y lo que más alerta es que asume una posición que al menos silencia a más de 7 millones de personas que esperan un resultado acerca de si una elección fue o no contraria al ordenamiento jurídico de la actual sociedad venezolana.

En términos muy sencillos, una sentencia es el resultado de analizar los hechos o actividades materiales con los derechos que se reclaman. El juez debe entonces disponer un resultado y verificar si los hechos son reales o falsos y de allí, conceder o no los derechos que se reclaman o se aspiran. Pues bien, la Sala Constitucional, declara que los hechos expuestos por Henrique Capriles, no están claros; o no están bien explicados; o no están suficientemente descritos en el recurso; es decir, lo que se debe discutir como planteamiento importante y de fondo durante el desarrollo de todo el proceso, es denegado al inicio de la instancia, lo que sitúa al recurrente en una situación de indefensión apresuradamente violatoria del Derecho Humano a la búsqueda de la Justicia y en general del resultado que debe tener una sentencia en un Estado que sea de Derecho y no de Hecho.

Por ello, la sentencia es meramente autocrática, significativamente política, ideológica, unilateral y contraria al valor esencial en un Estado de Derecho, cual la discusión sobre los hechos en el proceso judicial es esencial para configurar con buenos ojos la Justicia y todo lo que significa en un contexto donde la Constitución ordena la reparación y el control sobre todos los entes del poder. ¿Es posible entender entonces que en nuestro país existe Estado de Derecho?  Hagámonos una pregunta más concreta y temeraria, ¿Qué hay en Venezuela desde el punto de vista de la Justicia? ¿Estamos entonces viviendo una nación con una Justicia solo al servicio de unos gobernantes que dicen representar al país cuando en la realidad solo se representan a sí mismos? Hoy, debo expresar con digno temor que la respuesta es afirmativa. En Venezuela no es que la Justicia funciona mal, no, es que en Venezuela no hay Justicia. Es pertinente reseñar que una de las causas de las caídas de las repúblicas en el mundo occidental es cuando la Justicia desaparece del diario acontecer de los hombres, y casi siempre la experiencia histórica señala un resultado: cuando la justicia desaparece, se trasluce la guerra como una función reparadora de esa situación. Pidamos a Dios que eso no ocurra.

gbricenovivas@gmail.com


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