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La inmunidad de Mardo

Sepultados quedarán la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa

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GERARDO BLYDE |  EL UNIVERSAL
viernes 26 de julio de 2013  12:00 AM
La inmunidad parlamentaria es la protección de la que goza un diputado para impedir que sea sometido a la justicia ordinaria, dada la representación popular que ejerce. Antes de proceder a su enjuiciamiento y/o detención, en caso de que se le impute la comisión de un delito, debe cumplirse una serie de pasos previos.

Cuando en el año 2000 nos tocó, junto al hoy fallecido diputado Alejandro Armas, la redacción de esos artículos del Reglamento de Interior y de Debates (estrenándose tanto la Constitución como la AN) entendimos, con meridiana claridad -como reiteradamente lo ha expresado la doctrina, el derecho comparado y el derecho patrio-, que las figuras de allanamiento de la inmunidad, separación del cargo y permisos temporales eran completamente distintas.

El permiso puede solicitarlo un diputado para atender problemas de salud, por motivos de viajes -personales o de representación parlamentaria- o, incluso, por cualquier otro motivo justificado (intenso dolor por pérdida de un familiar).

La separación del cargo consiste en una sanción disciplinaria contemplada en la Constitución cuando el cuerpo considere que el diputado ha cometido una falta de importancia (entrar armado a las sesiones, caerle a golpes a otro diputado, como ejemplos).

La separación del cargo suspende al diputado del ejercicio de sus funciones por un tiempo determinado, por ello el constituyente consideró que para que pueda operar se requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes. Cuando reglamentamos este artículo consideramos que el cuerpo podía suspenderle el derecho de palabra al diputado hasta por 30 días, lo limitamos sólo a eso, pues la representación popular que ejerce es mucho más importante que la falta que pueda cometer. No establecimos otras sanciones y tampoco lo ha hecho el oficialismo en las sucesivas reformas que ha sufrido el reglamento para limitar el ejercicio parlamentario.

El allanamiento consiste en la autorización que da el Parlamento para que se inicie el juicio de un diputado, no implica la pérdida de su condición de diputado, ni restringe su pleno ejercicio. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa deben ser preservados, por lo que no pueden ni el TSJ al solicitar el allanamiento, ni la Asamblea al acordarlo, suspenderlo del cargo e inhabilitarlo. Simplemente se le despoja del fuero para que enfrente el proceso judicial y se defienda de las imputaciones que se le hacen, pero debe seguir en ejercicio del cargo en respeto también a la soberanía popular.

La sentencia del TSJ que autorizó el enjuiciamiento del diputado Richard Mardo y que, a su vez, solicita a la AN el allanamiento de su inmunidad, haciendo gala de una gran ignorancia de la materia parlamentaria y de los límites constitucionales de un antejuicio de méritos, comete, en su parte dispositiva, excesos inconstitucionales y violatorios también del Reglamento de la AN (que tiene rango de ley). Acude la sentencia al artículo 380 del COPP y señala que, de ser allanada la inmunidad del diputado Mardo, quedará -por mandato de esta disposición- suspendido de su cargo e inhabilitado para ejercerlo. Este artículo es anterior a la entrada en vigencia de la Constitución y, al menos en lo referente a los diputados, por ser ley general no es aplicable. La ley especial de los diputados es el Reglamento Interno de la AN que, además, es posterior. Ignoró el TSJ dos principios básicos de derecho: "ley especial priva sobre ley general" y "ley posterior anula ley anterior". El allanamiento de la inmunidad no lleva consigo los efectos de separación del cargo ni de inhabilitación. De manera contradictoria, la propia Sala Constitucional ha señalado que cuando se trata de cargos de elección popular, la inhabilitación de un funcionario sólo comenzará cuando cese el período para el cual fue electo.

Basados en la solicitud inconstitucional del TSJ, la fracción oficialista se apresta el próximo martes a allanarle la inmunidad a Mardo con simple mayoría (como lo han anunciado) y a aplicarle los efectos de separación del cargo para lo cual se requiere de mayoría calificada de dos tercios.

De darse, este precedente sepultará la institución de la inmunidad parlamentaria, evadiendo vulgarmente la mayoría calificada constitucionalmente requerida para separar a un diputado de su cargo, aplicándole penas anticipadas, sin una sentencia condenatoria judicial firme. Sepultados también quedarán la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. Enterrarán también su propio Reglamento Interno, que es su ley especial.

Vale recordarles a los diputados que piensan votar el martes tal exabrupto jurídico aquel viejo adagio que reza: "cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo".

gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde



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Comentarios (5)
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1 |
Por Alejandro Lopez
28.07.2013
11:33 AM
Sr Luciano, ya que al parecer conoces del tema, pudieras explicar cuando se cometió el supuesto delito de Richard Mardo, y su implicacion actual, o sea ¿Es applicable a su condicion de diputado el supuesto delito?
 
Por Rossana Mach
26.07.2013
4:55 PM
Caramba Sr. Lucio de Ciano. Los foristas aquí también agradeceríamos que explicara tan brillantemente también el delito de Mario Silva (grabado por él mismo)y de todos los que él mismo delata en esa conversación con el esbirro cubano, stro, de los implicados en el caso de comida podrida de Pudreval,de la golpiza que "oficialistas" le dieron a los diputados de oposición en plena Asamblea Nacional, sobre la grabación que hicieran a María Corina y a Carrera Dama, y el muy escandaloso caso del Cartel del Hierro en el Estado Bolívar. Nada más esos casitos, de tantooooooosssss de corrupción e impunidad de este gobierno!!!
 
Por Lucio de Ciano
26.07.2013
12:45 PM
ACLARATORIA PARA LOS QUE LEAN EL ARTÍCULO QUE ANTECEDE: el doctor Blyde confunde la figura de la separación temporal de un diputado (prevista en el Numeral 20 del Artículo 187 de la Constitución Nacional) con la figura de la inhabilitación de un diputado (prevista en el Artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal). La separación temporal de un diputado requiere el pronunciamiento favorable de la Asamblea Nacional, mientras que la inhabilitación de un diputado no requiere ningún pronunciamiento particular de la Asamblea Nacional, habida cuenta de que se articula ope legis por mandato del referido Artículo 380 del COPP, después de habérsele suspendido su inmunidad por el voto mayoritario (no calificado) de los miembros de la Asamblea Nacional, en conformidad con lo previsto en el Artículo 200 de la Constitución Nacional.
 
Por Lucio de Ciano
26.07.2013
12:06 PM
El articulista Gerardo Blyde habla una vez más del caso de Richard Mardo, pero persiste en no dar los detalles del mismo. Pues los detalles son éstos: casi 3.000 millones de bolívares fueron depositados por no-se-sabe-quien en 14 cuentas bancarias del diputado Mardo, pero sin que éste haya dado hasta ahora una explicación racional y convincente de la procedencia de esos dineros.
 
Por dario corrales
26.07.2013
7:41 AM
y lo mas insolito de esta situacion es que quienes persiguen a mardo y a otros tantos claro esta, lo hacen basados en difamaciones y calumnias, puras mentiras para ser mas claros!! y son a su vez unos corruptos, que detentan un poder absoluto practicamente lo cual va en contra de la constitucion misma por haber allanado los poders publicos y ponerlos al servicio de sus mezquinos intereses, que cada vez que le hablan a la nacion lo hacen para mentir, intimidar y manipular, que son complices de fraude electoral, que violan la constitucion y las leyes todos los dias y que sus cargos son totalmente ilegitimos..!!! fuera los enchufados..!!! si a la separacion de poderes y si al rescate de la democracia..!!! no al totalitarismo y a la aberracion de las leyes...!!!!
 
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