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Seguridad o represión ciudadana

La opinión de buena parte de la sociedad venezolana es que lo sucedido es inaceptable

FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO SJ |  EL UNIVERSAL
jueves 18 de julio de 2013  12:00 AM
El proceso de reforma policial desarrollado en el país a partir del año 2006, concluyó que la seguridad ciudadana requería de cuerpos policiales debidamente entrenados para la ejecución de esta función en el marco de los derechos humanos.

La seguridad ciudadana se concibió como un derecho humano que se debe garantizar a todo ciudadano, por lo cual, las funciones de vigilancia, prevención y protección frente al delito y sus responsables, requerían de alta eficiencia, capacidad técnica y respeto a la ley. La sociedad en su conjunto, debía contar con mecanismos adecuados para controlar su funcionamiento.

La reforma policial fue un proceso altamente participativo y sus conclusiones gozaron del apoyo y consenso de toda la sociedad. Oposición y gobierno coincidieron tanto con los diagnósticos realizados, las conclusiones derivadas y los instrumentos legales propuestos para su operativización. En el año 2008 se promulgó la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Seguidamente se creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

Los antecedentes señalados muestran la total incongruencia entre el proceso de reforma policial que se ha venido desarrollando en el país y el reciente plan denominado Patria Segura. Según voceros gubernamentales, se pretende "garantizar seguridad, tranquilidad y el buen vivir al pueblo venezolano". El Plan arrancó en Caracas hace dos meses con 3 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) operando en 500 puestos de control en las calles de las parroquias consideradas de mayor peligrosidad. Paulatinamente el plan se ha ido extendiendo al resto del país.

De golpe y porrazo la seguridad ciudadana se entrega nuevamente a los militares, las policías salen de la escena, la pregonada participación ciudadana brilla por su ausencia y, lo más grave, es que pareciera que la seguridad ciudadana está dejando de ser concebida como un derecho humano que requiere garantías específicas para convertirse en una acción represiva del Estado mediante el uso directo de las armas empuñadas por militares.

En los últimos días tres casos han consternado a la opinión pública: el tiroteo del que fueron víctimas una madre y sus tres hijas en Coro, los excesos militares cometidos en Orope y la muerte, por un tiro de fusil en la espalda, de un joven de 20 años en La Bombilla (Petare).

Muchos voceros oficiales señalan que se tratan de casos aislados, accidentales, diríamos. ¿Será que la brutalidad de la fuerza y la violación de los derechos humanos se justifican por lo mucho o poco que se cometen? La opinión de buena parte de la sociedad venezolana es que lo sucedido es sencillamente inaceptable.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve



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