Compartir

La Constitución de la Universidad

Este debate es en el Aula Magna, no en la Asamblea Nacional

imageRotate
GUSTAVO LINARES BENZO |  EL UNIVERSAL
sábado 13 de julio de 2013  12:00 AM
La semana pasada este lugar se refirió al tema del financiamiento de las universidades. Hoy, el reparto interno de poder, la constitución de la universidad pública venezolana, por así decirlo.

Las universidades nacionales son de las pocas instituciones públicas que han resistido el talante democrático de la sociedad venezolana y mundial. Talante democrático en el sentido de Tocqueville, la igualación de las costumbres y la igualdad sociológica entre todos los miembros de la sociedad, fenómeno que va mucho más allá de la consecuencia política obvia de esta realidad, el voto universal. Pues las universidades van a contracorriente, el poder recae en un sector muy minoritario que alega como legitimidad méritos no políticos sino académicos, los profesores. Los otros miembros de la comunidad, los alumnos y empleados y egresados, son varias veces más pero su poder es sustancialmente inferior, un cuarto del de los profesores en la legislación actual en el caso del alumnado, mucho menos para los egresados y nada para los empleados.

Mantener este estado de cosas es ponerle puertas al campo. Pero esas puertas, así sean meramente ideales, son necesarias, como necesario es el paso de peatones, un simple dibujo que debe detener dos toneladas para proteger a sesenta kilos. En el caso de las universidades, en beneficio de los mismos alumnos, razón de ser de las casas de estudio, de la misma manera que la familia se estructura en función de los hijos pero nadie pretende que los niños tienen la autonomía de decidir si aprenden a leer o no (que ningún alumno se moleste por la comparación, por favor, pero es la mejor que encuentra este lugar). Además, como la universidad otorga títulos, técnica montada en función de la colectividad y no de los profesionales, debe organizarse para garantizar un mínimo de calidad en los egresados.

La universidad no es una república, pues. Tampoco lo es la Fuerza Armada, los soldados no votan para elegir a los generales, como acabamos de ver en los ascensos. Pero no puede ignorarse la tendencia a la igualdad y la realidad de que los universitarios no son niños. Para resolver este nuevo reto en la milenaria institución universitaria, el primer paso es metodológico: lo tiene que resolver autónomamente la universidad, más aún, cada universidad. No sólo porque la libertad es su esencia, sino por el detalle jurídico de que nunca habíamos tenido una Constitución tan autonómica. Así que la Ley Orgánica de Educación y su politización del voto universitario no sólo es inmoral, sino inconstitucional. Que se aplique la regla de las repúblicas y cada persona tenga un voto, o que sólo voten los alumnos, o sólo los profesores, o por categorías, etc., es una decisión de la UCV, de la ULA o LUZ, no de los diputados.

Dicho esto, ¿qué regla aplicar? Primero, una evidencia: la necesidad de que los profesores dirijan la enseñanza y no los alumnos se da solamente en la enseñanza. Un alumno no puede corregir su propio examen, pero si determinar el menú del comedor universitario. Un alumno no puede escoger a los profesores, pero si organizar el transporte. La seguridad, el deporte, los beneficios estudiantiles, todo lo no estrictamente académico puede ser dejado a la democracia de una persona un voto, lo que significa crudamente dejado a los alumnos, diez veces más en el caso de la UCV, por ejemplo. Así, el problema se traslada a la definición de lo académico, que tiene blancos y negros, como los ejemplos mencionados, y muchos grises. Sobre todo, el problema financiero. ¿Quién aprueba el presupuesto? Si los alumnos manejan la seguridad, ¿cómo se decide cuánto cuesta?

Preguntas difíciles, pero que trasladan el problema y dejan a salvo la áreas universitarias que no pueden ser decidas con la lógica de las mayorías. De hecho, es esta idea una de las que participan en el actual proceso de redacción de los reglamentos electorales en cada universidad, cuando hasta los más radicales han abandonado la pretensión de una persona un voto para todas las cosas. Por lo pronto, puede ensayarse arbitrios como que los profesores con participación minoritaria de los alumnos, empleados y egresados, elijan al rector y demás autoridades académicas, pero que la regla una persona un voto elija al vicerrector administrativo y éste nombre a los demás funcionarios gerenciales. Como establecer reglas para determinar la parte académica del presupuesto, administrado por los profesores, y dejar lo demás a la regla de las mayorías.

Eso sí, este debate es en el Aula Magna, no en la Asamblea Nacional.

glinares@cjlegal.net



Más artículos de esta firma

Compartir
¡Participa!

Envíanos tus comentarios
Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado
de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí
correo (obligatorio)
clave (obligatorio)
Ingresar
El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
Comentarios (1)
Por carlos gabriel
13.07.2013
8:47 AM
Interesante este planteamiento, como egresado estoy, y estuve, de acuerdo con un nuevo sistema realmente democrático para la Universidad. Ésta no puede estar de espalda al pueblo ni su administración ser una caja negra, no auditable y desconocida para quien en realidad es quien la sufraga y a quien se debe. La Universidad no puede constituirse como un estado dentro de otro estado. Autonomía Académica (con todo lo que ello involucra) si, pero hasta allí. El pueblo está en la obligación, el gobierno como su administrador, de financiar los estudios libres y gratuitos para todos y a la vez facilitarle a las Universidades las oportunidades de obtener recursos, de otras fuentes legales, para cubrir aspectos cuyo presupuesto, transferido por el pueblo, no contemple y que son necesarios en su labor social comunitaria.
 
ESPACIO PUBLICITARIO
ESPACIO PUBLICITARIO
cerrar