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El diálogo

JULIO DÁVILA CÁRDENAS |  EL UNIVERSAL
sábado 25 de mayo de 2013  12:00 AM
Últimamente se ha venido hablando del diálogo que debe existir entre las fuerzas antagónicas que existen en la Asamblea Nacional. Esto a raíz de los enfrentamientos o mejor dicho, agresiones, que se han producido dentro y fuera del Hemiciclo. En una tónica bastante conocida, quienes agreden y son violentos acusan a los agredidos de haber sido los causantes de los bárbaros atropellos. Luego de tan maravillosa gesta, piensan que lo mejor es comenzar a dialogar.

Bienvenido el diálogo, pues. Como durante las conversaciones para llegar a acuerdos lo que se debe pretender es ganar, ganar para ambas partes, lo razonable es determinar en primer lugar, el objeto del diálogo. Saber a ciencia cierta lo que se pretende. Ya en otras oportunidades se ha dialogado y los resultados no han sido nada positivos, al menos para la oposición. A la alternativa democrática lo que le debe  interesar es encontrar vías para tratar de salir del despeñadero en que se encuentra el país.

¿Cuál es la fórmula? Muy sencilla, exigir y lograr que se aplique lo que establece la Constitución. Esto es, garantizar la imparcialidad y la independencia de los magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos en el ejercicio de sus funciones, para ello, no podrán llevar a cabo activismo político partidista, o de índole semejante. La Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Los diputados son representantes del pueblo y de los estados, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia y están obligados a cumplir sus labores en beneficio de los intereses del pueblo.

La Contraloría General de la República goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa y es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos.  Los rectores del Consejo Nacional Electoral deben ser designados por las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional y tienen que ser cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, es decir independientes de reconocida honorabilidad ya que deberán garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. El defensor del pueblo deberá tener manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral para que proteja a todos.

Esto es lo que ordena la Constitución. Si se cumpliera con honestidad ganaría el país. Ojalá que el diálogo no sea sólo para que el oficialismo gane tiempo.

julio.davilacardenas@gmail.com


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