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Un proyecto de ley inconveniente

Existe un notable divorcio entre la exposición de motivos y la redacción de su cuerpo normativo

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RAFAEL GONZÁLEZ |  EL UNIVERSAL
lunes 4 de febrero de 2013  12:00 AM
Cualquier proyecto de ley debe atender un objetivo público. Esto implica que producto de su redacción, aprobación y administración, debe corregir o atender una preocupación colectiva o tutelar algún interés público. Si producto de su aprobación no existe corrección alguna -por ejemplo, la simple aprobación y decreto no aumenta la oferta, porque pretende atender efectos y no causas, por lo que no mejora el acceso al bien, ni satisface interés público alguno-, poco o nada se hace con la aprobación de dicho instrumento legal.

El asunto se agrava si ese instrumento jurídico lo que pretende es atender eventuales casos de abusos o ilícitos en el mercado secundario y en el de comercialización final que ya cuentan con tipificaciones en normativas vigentes. Si este es el caso, solo debe aplicarse la normativa existente, ya que las normas previas suelen garantizar el debido proceso administrativo, respetan el Estado de Derecho por medio del derecho a la defensa y evitan errores del tipo falso positivo que suelen filtrarse con la aprobación de leyes que constituyen una sentencia previa.

Esta introducción la hacemos con el fin de referirnos al proyecto de ley que regula la compra y venta de vehículos nuevos y usados. En él existe un notable divorcio entre la exposición de motivos y la redacción de su cuerpo normativo. En la exposición de motivos se asoma un eventual déficit de oferta y el supuesto despliegue de abusos e ilícitos en los mercados secundarios y de comercialización final. Sin embargo, su redactor públicamente reconoce que la norma no afectaría el nivel de oferta, ni el acceso al bien. Crear una ley particular para cada producto y sector en el cual eventual o coyunturalmente se presente alguna ineficiencia o falla, resulta un sinsentido, especialmente cuando existen normas de protección a la eficiencia y al consumidor que resultan transversales a lo largo de todos los sectores, como es el caso de la ley del Indepabis. Por otra parte, en el caso de haber denuncias puntuales, particulares y específicas, donde existe un denunciante o eventual agraviado y un presumible infractor, lo correcto, según nuestro entramado legal y el Estado de Derecho, es que los entes administrativos competentes atiendan estos casos sin generalizar, pues ello podría violentar principios de administración de justicia como la presunción de inocencia, al igual que las libertades económicas.

Lamentablemente, el proyecto de ley mencionado es incorrecto, desatinado y resultará inocuo, cuando no distorsionante, por las siguientes razones. Primero, porque si ha existido el perfeccionamiento de algún ilícito económico por parte de un particular hacia otro, existen normativas que regulan esta materia comercial y tipifican los contingentes abusos e ilícitos, sin crear sentencias previas, problemas de falsos positivos y violación del debido proceso. Segundo, porque no atiende las causas de un eventual déficit de oferta del bien: esto es importante porque en la medida que haya insuficiencia de oferta, existirán los incentivos de extraer ocasionales rentas de escasez, con lo que la aprobación de la norma forzará una mayor informalización del mercado. Tercero, porque el resguardo del poder de compra del bolívar se consigue por medio de políticas de estabilización macroeconómica, que en Venezuela son vulneradas deliberada y políticamente, haciendo de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo un problema político de captura del gobierno y no un tema puramente económico. Cuarto, porque desconocer que las relaciones y transacciones voluntarias constituyen un juego suma positiva, donde tanto el oferente como el demandante ganan, pues de lo contrario los demandantes no perfeccionarán la transacción, lo cual implica forzar los mercados a informalizarse; por otra parte, promover y enarbolar la engañosa excusa de minusvalía por parte del consumidor persigue conculcar su soberanía, sus alternativas y su legítima toma de decisiones libre. Quinto, porque las regulaciones y controles de precios son en sí mismos un problema de selección adversa y de riesgo moral, erigiéndose como una falla de gobierno. Sexto, porque la redacción del proyecto de ley lesiona y desdibuja los derechos de propiedad, sus atributos y las características que lo definen y perfeccionan. Séptimo, porque las variables de mercado administradas por burócratas suelen constituir fuente de corruptelas de distintos géneros.

cedice@cedice.org.ve

@cedice



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