Inquisición y comunas

La nueva inquisición se manifiesta en el las leyes de las comunas. En efecto, los delitos que tutelan el sistema comunal pueden ser denunciados de forma inquisitorial por cualquier persona o miembro de cualquier comuna y su trámite es vinculante para todo funcionario.

La Inquisitio funcionaba así: llegaba el inquisidor a un pueblo y pedía a sus moradores que, mediante el edicto de gracia, de forma espontánea expusiera sus pecados y delitos contra Dios. Como pocos lo hacían se pedía a los vecinos que delataran a los pecadores y delincuentes contra la divinidad. Entonces, ocurría el sapeo: quien tuviera alguna rencilla o reconcomio por deudas, linderos, celos, acceso al agua o por la "cochina envidia", denunciaba al hereje o criminal, lo que implicaba una condena en la práctica. La investigación que procedía era un linchamiento moral, podía tratarse de años de detención preventiva y decomiso de los bienes del procesado, sin conocer los cargos de acusación hasta que los calificadores decidieran si había o no una causa. El procedimiento era secreto para el investigado.

Se investigaba a la usanza de lo que hacían todas las Iglesias medievales y las monarquías de entonces: aplicación de tortura y toda forma de suplicio para obtener la confesión, reina de las pruebas.

Desde luego, todo torturado "confesaba" su herejía o delito contra Dios y la fe. Lo que venía después era la muerte por medios terribles.

La Ley de Contraloría Social y la reforma del COPP emulan el procedimiento de la Inquisitio y convierte a cada comunero en potencial delator de su vecino por cualquier medio y por cualquier cosa. Las cárceles venezolanas harán el resto, ya lo ha dicho el sabio maestro Elio Gómez Grillo.

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