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El constitucionalismo revolucionario

DANIEL LANSBERG RODRÍGUEZ |  EL UNIVERSAL
viernes 7 de diciembre de 2012  12:00 AM
La modernidad ha sido poco generosa con Egipto. Modelo y cuna de la civilización en la antigüedad, hoy en día es un país pobre y caótico, apenas dando sus primeros pasos hacia la democracia tras la caída del dictador Hosni Mubarak en el 2011. En las últimas semanas ha habido una serie de tropiezos y desavenencias particularmente reñidos respecto a la definición de los poderes nacionales en lo que será su nueva Constitución; resultando en choques institucionales entre la presidencia (con apoyo de la mayoría parlamentaria) y la Corte Suprema (aparentemente respaldada por la fuerzas armadas nacionales).

Tras este inmenso despelote institucional, me pregunto si ¿nos tendrán envidia los egipcios? Por más que uno pueda criticar al gobierno venezolano, al menos una cosa es cierta: nuestras instituciones se "quieren full" entre sí, sin importar lo que diga la Constitución al respecto.

Históricamente, las constituciones han servido para dos propósitos principales:

1. Establecer instituciones gubernamentales, normalizando las relaciones entre las mismas, definiendo y limitando los poderes de cada una, y estableciendo controles intra-gubernamentales.

2. Definir los derechos específicos del ciudadano, y consagrar los valores comunes, estableciendo a través de éstos una "raison d'état" para el país.

Normalmente, el primero de estos propósitos es el que resulta ser más importante a la hora de establecer un gobierno coherente y estable. Si no se equilibran cuidadosamente los poderes, definiendo claramente las responsabilidades, competencias y la autoridad de cada institución particular, el gobierno puede terminar fluctuando de manera errática entre la parálisis y la autocracia: situación en la cual los derechos civiles no pueden ser garantizados y los valores comunes resultarán ser poco menos que una ficción poética.

Es por esto que las constituciones mas antiguas y exitosas –si hablamos en términos de longevidad– como la de Estados Unidos (1789), Noruega (1814) y Holanda (1815), tienden a ser breves y precisas en lo que se refiere a definir, detallar y limitar los poderes institucionales, y enfocarse relativamente poco en lo demás. Sin embargo, los avances de la democracia popular requieren que las constituciones modernas pasen por plebiscito: incentivando a los redactores constitucionales que se dediquen a listar cada vez más derechos y valores, muchos de ellos imposibles de garantizar en la práctica "(Maternidad", "Dignidad", etc.), debido a que éstos tienden a despertar mayor interés en la población en general.

En Latinoamérica, una región acostumbrada a redactar y re-redactar sus constituciones con una frecuencia que –al compararla con el resto del mundo– puede considerarse en el mejor de los casos hiperactiva y, en el peor, irresponsable, este fenómeno resulta ser particularmente problemático.

Si hablamos de constituciones sustanciosamente "nuevas" (donde se reestructura al Estado en sí, a diferencia de las enmiendas que solo implementan un cambio limitado y particular) aquí les presento algunos ejemplos: República Dominicana ha tenido 32 constituciones diferentes desde su independencia en 1821, Venezuela 26, Haití 24, Ecuador 20, y Bolivia aprobó recientemente la 17. Más de la mitad de las naciones de América Latina han tenido al menos diez constituciones, mientras que –en el resto del mundo– sólo Tailandia (17), Francia (16), y Grecia (13) les llegan cerca.

La Constitución venezolana de 1999, nuestra última, disolvió el Congreso Nacional, creó dos nuevos y nebulosos "poderes" dentro del Estado ("Ciudadano" y "Electoral"), y rediseñó y rebautizó la mayoría de los ministerios, responsabilidades y competencias del gobierno. En corto el resultado fue lo que normalmente surge tras reestructuraciones de este tipo: la institución de la Presidencia emergió intacta, refrendada y mucho más fuerte, mientras que otras instituciones tuvieron que comenzar desde cero, debilitando así la legitimación, la memoria, las relaciones y los parámetros de sus mandatos institucionales; factores sumamente necesarios para mantener la independencia de las mismas.

En 1831 Andrew Jackson –el presidente de EEUU representado en el billete de veinte dólares– decidió ignorar una orden directa de su Corte Suprema y utilizó al ejército para violentamente expulsar a los cheroquis de sus tierras ancestrales a pesar de que éstas les pertenecían a la tribu tanto histórica como legalmente. Sí, después de 50 años de fortalecimiento institucional, la Corte Suprema norteamericana no pudo frenar los ataques caprichosos de un presidente ambicioso y popular ¿qué podemos esperar de un país como Venezuela, donde las instituciones definen sus lealtades más que sus responsabilidades y, además, duran poco?

@Dlansberg


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Comentarios (1)
Por José R Pirela
07.12.2012
3:01 PM
Yo me pregunto ¿Es que no existe alguna manera que impida al gobierno meter la mano en la industria petrolera y su renta? Esa es la condición sine qua non que garantiza la independencia institucional en Venezuela, y con ello, la viabilidad de construir y fortalecer la democracia. De ello depende el equilibrio de poderes, más sociales que republicanos. Es la manera de garantizar los derechos humanos y civiles. De esa manera nuestra Constitución se reduciría a valores fundamentales y todo su articulado quedaría repartido en las funciones institucionales. Ahora profundizando en nuestras creencias ¿Es la valoración de la autoridad suprema lo que nos induce a reglamentar la conducta esperada de los demás? ¿Será por eso que le damos toda la prerrogativa al presidente constitucional de que vigile, dirija y controle a toda la sociedad?
 
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