Qué broma con los derechos humanos

El Gobierno trata por todos los medios de mostrar una imagen de país que respeta los derechos humanos pero cuando lograr tapar algún caso sonoro le revienta otro en otro lado. Celebraron con gran despliegue el ingreso de Venezuela a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU e intentaron mostrar tal incorporación como el triunfo de un país que es paladín de la justicia.

Pero casos como los del comisario Simonovis, la jueza Afiuni o Econoinvest, resuenan en los organismos internacionales y procesan expedientes con montones de casos por los que el Estado venezolano tarde o temprano tendrá que dar cuentas.

En el tema de las cárceles el asunto es explosivo. Mientras la ministra Varela trata de montar una imagen de un mundo feliz en las cárceles donde los reclusos participan de la red de orquestas, se dedican al deporte, a la artesanía y sacan sus estudios desde prisión, al lado le revienta algún motín en el que se devela el tráfico de armas de drogas y el negocio del secuestro manejado desde los centros penitenciarios. Todo controlado por esas figuras que se han vuelto míticas y que salen y entran de las cárceles como les da la gana, los llamados "pranes" cuyo estatus es tan reconocido que hasta uno recibió una llamada telefónica del primer mandatario.

Al mismo tiempo las estadísticas revelan el hacinamiento producto del mal funcionamiento del sistema de justicia que mantiene a 70% de los presos hasta tres años para llegar a la audiencia preliminar, pagando más tiempo de cárcel que la pena que le correspondería de ser declarados culpables.

Allí están las cifras de muertos en las prisiones con armas de fuego que ofrecen todos los meses las ONG que se ocupan de la defensa de los presos.

Cuánto nos gustaría que fuese cierto y sería motivo de reconocimiento, lo que se expone en esos micros sobre las cárceles que difunde el Gobierno, en donde se muestra un sistema carcelario que sería envidia de los países europeos.

El pasado jueves uno de estos colectivos armados que se mueven en motos de alta cilindrada y encapuchados rodearon la delegación de Catia del Cicpc para que les entregaran a un miembro de la banda. Por cierto el "compañero" era el asesino de un escolta del ministro Rafael Ramírez.

Estos colectivos armados han actuado impunemente en los últimos 10 años y todos saben que fueron configurados por el Gobierno para la defensa de la revolución y control de los barrios. Por eso ni la policía los ha podido desmontar.

Estos colectivos son la base de la cadena de un sistema que se ha pervertido y ha contaminado todo el sistema de justicia hasta llegar a las cárceles que es el último eslabón.

Twitter@folivares10