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No puedes salirte del Pacto de San José

CLAUDIO J. SANDOVAL |  EL UNIVERSAL
jueves 29 de noviembre de 2012  12:00 AM
Tanto el Derecho Interno como el Derecho Internacional impiden al presidente Chávez retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

En el ámbito nacional, dicha afirmación se fundamenta en los artículos 19 y 23, en concordancia con los artículos 2, 3, 7 y 152 de nuestra Constitución Nacional (CRBV). En líneas generales, el mandato de la CRBV comprende dos ideas: El Estado no puede denunciar la CADH porque ello constituye una medida regresiva en contraste con la evolución del estándar protectorio alcanzado en materia de Derechos Humanos (DDHH). Aunado a esto, la CADH tiene rango constitucional y es jerárquicamente superior a la CRBV cuando sus normas sean más favorables a la persona humana (supraconstitucionalidad en razón del principio pro homine).

A su vez, lo anterior produce dos consecuencias: Primero, existe una restricción a las facultades del ejecutivo para denunciar Tratados de DDHH ratificados por la República. Segundo, el retiro de la CADH ni siquiera sería válido con la derogación de la ley aprobatoria que la incorporó sino que es necesario reformar la Constitución, partiendo de los términos establecidos en su artículo 342. Por ambas razones, en conexión con el artículo 25 CRBV, el acto que contiene la referida denuncia resulta nulo.

En la esfera jurídica internacional, el sistema interamericano tiene la obligación de determinar la nulidad de la notificación hecha por la administración Chávez y si surte efectos a instancia de la OEA, a la luz de la CADH. Ello obedece a que el Derecho Internacional también reconoce la figura de los actos unilaterales nulos. Uno de los supuestos de invalidez de un acto unilateral ocurre cuando el agente del Estado, en virtud de su Derecho Interno, tiene restricción especifica de poderes para manifestar la voluntad Estatal (Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, presentado en su 54 periodo de sesiones, para 321).

Y ¿qué es la voluntad de un Estado? Aquella que se encuentra originariamente consagrada en su Constitución y leyes, es decir, se expresa por medio del Estado de Derecho, pudiendo coincidir o no con el deseo personal del gobernante de turno.

Me explico con un ejemplo: Si el presidente Chávez consiente instalar bases militares rusas, iraníes o chinas en Venezuela, dicho acto es nulo, pues más allá de su voluntad, la que prevalece es la de nuestra nación-Estado según la cual no se podrán establecer "bases militares extranjeras" en el país (artículo 13 CRBV). Lo mismo aplica para el punto abordado, vale concretar, el consentimiento de Chávez de abandonar el Sistema Interamericano de Protección de DDHH es contrario a la voluntad del Estado, como se evidencia de los artículos constitucionales citados.

En consecuencia, estamos planteándole a la CIDH que someta una solicitud de opinión consultiva (artículo 64 CADH) a la Corte IDH para que en su condición de máximo garante del "control de convencionalidad" de la CADH se pronuncie sobre los siguientes asuntos: En relación con la CADH, en el marco de su artículo 78: 1. ¿Cuáles son las condiciones de nulidad de una denuncia? 2. Si los poderes de un representante para manifestar la voluntad de un Estado en denunciar la CADH ha sido objeto de una restricción específica de Derecho Interno, ¿debe entenderse que la inobservancia de esa restricción por tal representante perfecciona un vicio del consentimiento que invalida la denuncia? Respecto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT): 2. En el marco del artículo 78 de la CADH ¿puede aplicarse análogamente el contenido del artículo 47 de la CVDT (que codifica costumbre) al acto unilateral de denuncia de la CADH y considerarlo nulo? La CIDH también pudiera preguntarle a la Corte IDH que exponga su opinión acerca de la compatibilidad del instrumento declaratorio de la denuncia respecto de la CRBV y la propia CADH (artículo 72 del Reglamento de la Corte IDH).

De cualquier modo, aunque Chávez tenga éxito en su intento de debilitar políticamente a la CIDH, convirtiéndola en una institución de cócteles y banquetes, en el campo jurídico los venezolanos seguirán teniendo la posibilidad de elevar peticiones ante la Comisión, con base al proceso cuasi-judicial de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 23 Reglamento de la CIDH). La buena noticia es que de acuerdo al Derecho Interno venezolano, las sentencias de la Corte IDH y las decisiones-recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento, gracias a la orden taxativa del artículo 31 CRBV.

Chávez sólo tiene dos caminos de evasión del sistema interamericano, ya sea abandonando la OEA o consiguiendo que se reforme la Carta de la organización y se excluya a la CIDH como órgano principal (artículo 106). La segunda alternativa es más difícil de alcanzar que la primera.

claudioj.sandoval@gmail.com


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Comentarios (2)
páginas:
1 |
Por Guillermo Comes Rodríguez
29.11.2012
12:00 PM
En este mundo todos hacen lo que les da la gana. Lamentablemente los conflictos regionales y mundiales que se nos vienen superarán los anteriores. Es parte de la historia del hombre, de su facilidad y empeño en la autodestrucción producto de la imbecilidad generalizada. En este mundo sobran gentes, faltan corazones y cerebros.
 
Por FEDERICO GARCIA
29.11.2012
10:46 AM
Como abogado me suscribo totalmente al análisis de Claudio Sandoval a quien supongo profesional especializado en la materia o, sino lo fuera, conocedor profundo de la misma. Observo una tendencia en ciertos Estados a desconocer los fallos de los organismos internacionales que le son adversos y a retirarse de estas instituciones. Vemos el caso de Colombia con la decisión del Archipiélago de San Andrés de denunciar el Pacto de Bogotá, que aún cuando no se refiere a derechos humanos versa sobre un fallo de un órgano internacional al cual estaba suscrito; pero la decisión venezolana es más grave, por cuanto se refiere un gobierno que no resuelve o no ampara a sus ciudadanos a quienes funcionarios del gobierno han violentado sus derechos humanos, estamos en el caso de un Estado que violenta a los DH y quiere quitar a los venezolanos la posibilidad de acudir a los organismos internacionales en defensa de sus derechos. Se quiere dejar a la victima sin derecho de pataleo.
 
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