La derrota de la dictadura

Venezuela en su heroica lucha por la democracia siempre ha evidenciado en lo individual o en lo colectivo en nuestra historia, actos ejemplares de virtud civil, gestos vindicadores de dignidad social. Las más infames dictaduras se han enfrentado, y siempre la verdad ha  develado los vicios y las faltas, ajenas a los principios humanos y políticos en los que se sustenta una República que no son otros que la libertad, la justicia y el derecho.

El autoritarismo personificado en muchos casos en la figura del caudillo o ejercido en nombre suyo, significa una forma de relación y de poder atípica,  nefasta, contraria a valores republicanos y al destino civilista de la nación.

Los pueblos muchas veces son culpables, por ignorancia o sumisión, del carácter de sus gobiernos, tal y como lo advirtió el Libertador, cuando aquellos incapaces de entender y de cumplir sus deberes ciudadanos, "arrastran tras sí la tiranía". Venezuela  en razón de su evolución política y democrática, no puede volver a ser aquel pobre país de "hordas indisciplinadas y  brutales, llevadas a las urnas por unos cuantos intrigantes que comercian con sus votos" tal y como lo observó Luis López Méndez en el año de 1889 , ni tampoco aquella soldadesca que iba a los combates en pos de hombres y de "revoluciones",  que no hicieron sino afirmar personalismos e intereses mezquinos de ambición y poder.

La democracia no es solamente una forma de elegir sino, sobre todo, es una forma de convivir y respetar los derechos y las libertades. La democracia significa en esencia la decisión política de las mayorías, la existencia de debate y de crítica, la presencia de ideologías y de acción política similar o distinta a la que un gobierno represente, constituyendo la oposición el indispensable contrapeso que permite el balance de la sociedad y sin la cual la democracia no se materializa como expresión de pluralismo, participación, entendimiento y obra común.

La cualidad ética de la democracia constituye una exigencia prioritaria sin la cual ésta se pervierte y se corrompe. No se puede utilizar la democracia para ejercer el poder arbitrariamente, usurpar las instituciones, valerse de sus postulados y realizar prácticas contrarias a su esencia, cuando ella debe ser la voluntad legítima que vincula al pueblo, al Estado y al derecho en procura de la gobernabilidad y del bienestar general. 

La democracia debe revisarse a sí misma y reorientar frecuentemente su curso político. Las instituciones sociales y del Estado deben coexistir en diversas y coherentes formas, representar legítimos intereses democráticos para  controlar al poder y no permitir su desviación. Si no se evidencia en términos reales la separación orgánica de los poderes, la independencia y la autonomía entre los mismos, el Estado pierde su equilibrio y se destruye la garantía fundamental en un sistema democrático.

Hay que reivindicar históricamente la importancia de los partidos políticos en Venezuela en la forja y hechura de la democracia, tanto en el proceso de superación del gomecismo (1936 y 1948) y del perezjimenismo (1949 y 1958), como en la creación  institucional, que basada en la Constitución de 1961 dio estabilidad política y jurídica a la Nación, hechos que afianzaron la moderna conciencia democrática del país.

El 27-09-1952, las fuerzas civilistas agrupadas en torno al partido Unión Republicana Democrática, demandaron, en medio de la opresión política: "libertad igual para todos, por el respeto a todas las ideologías"; vencer  "la muralla de silencio y de miedo" y  que el gobierno respetase la "voluntad libre" del pueblo;  la efectividad de la soberanía popular basada en "la unidad de la nación y la soberanía civil del pueblo"; la presencia de una administración libre de fraude, de la corrupción y del despilfarro; la existencia de un gobierno "garante imparcial" de las instituciones, los derechos ciudadanos y de las libertades políticas. Igualmente, expresaba la superación en nuestra historia de la tesis del "gendarme necesario" y de la existencia en el país de un "clima de paz y libertad, de unión y garantías efectivas en el seno de la nación"; "la defensa de la economía nacional", el respeto a la libertad sindical; garantías para "una educación integral al servicio de la libertad y de la democracia"; "instituciones armadas apolíticas" y la presencia constructiva de "un gobierno de integración nacional".

Ese programa fue aprobado por el pueblo el 30-11-1952, fecha egregia de la civilidad, en las elecciones para la Asamblea Constituyente ganadas por las fuerzas democráticas, pero que la dictadura desconoció fraudulentamente con la intención de permanecer en el poder, alegando a nombre de "Ia Institución Armada... el prestigio y el progreso de la nación, seriamente comprometido por el triunfo electoral de Acción Democrática y el Partido Comunista...".

60 años cumplirá esa gesta civil ejemplo de dignidad republicana.

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