Derecho a voz

Aunque la libre expresión es un derecho humano fundamental, no en todos los momentos ni en todos los espacios puede hacerse efectiva.

Cuando nos referimos a "voz" no nos referimos necesariamente a la capacidad de emitir y articular sonidos con el fin de compartir un mensaje, sino a la habilidad de garantizar que ese mensaje llegue, ya sea a través de lo vocal o de cualquier otro recurso.

Así, en condiciones normales un invitado que no ostente el rol de diputado no puede tener derecho a voz en una plenaria de la Asamblea Nacional, un acusado no puede declarar en el tribunal hasta que se le conceda el espacio, o un periodista no puede preguntar en la rueda de prensa de un alto funcionario si no se le ha otorgado el derecho de palabra.

Sin embargo, cuando se habla de la participación en el marco del quehacer político, pareciera que limitamos el deber ciudadano al simple hecho de votar; sin considerar que cuando de reales ciudadanos se trata, la expresión política va mucho más del sufragio, mucho más allá del derecho al voto.

Quienes han sido partícipes de asambleas regidas por procedimientos parlamentarios saben el valor que posee la voz al fijar una postura frente a un asunto particular, con el objetivo de ganar adeptos a la tesis presentada desde la perspectiva y libertad individual. Más aún pueden valorarlo quienes, por ejemplo, ven cercenado su deseo de expresarse por regímenes autocráticos.

Al contrario, en democracia el derecho a voz de la ciudadanía es tan intocable como irrenunciable, y forma parte del quehacer de una comunidad que soporta su presente y futuro en cuanto dice y deja de decir, en cuanto promueve y cuanto critica, en cuanto reclama y en cuanto calla.

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