Gobernaciones en peligro

Una de las características esenciales que debe tener un aspirante a una gobernación es conocer la entidad que desea representar, estar al tanto de sus problemas, poseer un trabajo constante con las comunidades que permita su reconocimiento y por ende, la confianza del elector para alcanzar la máxima magistratura estadal así como conformar un equipo que garantice el desarrollo de su gente.

Aspectos simples que el partido de gobierno -el dedo de Chávez-  con su carácter impositivo no tomó en consideración para postular a los 23 candidatos a las gobernaciones que se disputarán en las elecciones del próximo 16 de diciembre. Los casos más destacados son el de Tareck El Aissami, oriundo del estado Táchira quien será el abanderado para el estado Aragua y el profesor Aristóbulo Istúriz candidato a la gobernación de Anzoátegui, quien reconoce abiertamente que no pertenece al Estado, pero como representa a quienes apoyan a Chávez, es la única opción. La democracia participativa y protagónica fue suplantada por la improvisación e imposición, nada atípico en el oficialismo.

135 ciudadanos se han inscrito para optar a 1 de las 23 gobernaciones, aunque cada persona tiene el derecho constitucional de participar como candidatos a cargos de elección popular, resulta incompresible que la racionalidad desaparezca en aquellos quienes conscientes de la poca posibilidad de resultar electos se atreven a participar. Hay estados como Monagas y Táchira donde la oposición tiene dos candidatos, factores que dificultan el objetivo de obtener el triunfo en la  mayor cantidad de jurisdicciones.

Los errores del 7 de octubre deben corregirse, el Gobierno apuesta por aniquilar a Capriles en el estado Miranda y aprovechar la frustración de algunos opositores para desmovilizarlos, el ventajismo electoral es otro obstáculo a vencer, esta semana quedó al descubierto no solo el costo de la "operación remolque" con la que el presidente Hugo Chávez, conquistó la reelección, sino también la participación de la Guardia Nacional conjuntamente con colectivos motorizados en la caza de votantes, violando cualquier normativa y empañando la transparencia de la jornada y sin que hasta el momento exista una investigación por parte del Ministerio Publico, como lo denunció Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. El 1 de noviembre comienza la campaña electoral, la capacitación de los testigos y el trabajo por alcanzar la mayor participación posible son los objetivos a corto plazo.

Permitirle al Gobierno tener más control del que poseen, es hacer más difícil la transición para el cambio que aspiran más de 6 millones 500 mil venezolanos. A través de las gobernaciones, se puede trabajar en aras de profundizar la confianza en la gente sobre las posibilidades que tiene Venezuela de proveer una mejor condición de vida y desarrollo con la voluntad de trabajo y el reforzamiento de la educación para todos. Si se superan los obstáculos y los electores participan, mucha será la ganancia, recuerde que no hay nada más peligroso que entregarle todo el poder a un proyecto.

@OrianTw