Amuay: degeneración progresiva

Se ha pretendido imponer la revolución desde arriba, sin embargo el resultado es la destrucción de la industria pesada y ligera, la agricultura y la cría, afectando fuentes esenciales de trabajo. Definitivamente la incompetencia ha provocado el desmoronamiento progresivo de la administración pública, demostrable a ojos vista en la crisis penitenciaria, la inseguridad y la violencia, la caída del puente de Cúpira y otros, la imprevisión ante los desastres naturales y la dramática falta de mantenimiento de la industria petrolera, donde Amuay es la punta del iceberg.

La nación vivió, durante la década de los 60 una idea romántica de la izquierda, hoy en día, después de tantos fracasos y atropellos, los jóvenes quieren orden, progreso económico, reglas de juego y una transformación con estabilidad. Ya basta de discursos incendiarios, insultos, amenazas y la frenética carrera en círculos cerrados que no termina en nada, sino en la repetición de una imagen agotada hasta el cansancio, ya que la gobernabilidad es el requisito indispensable de la democracia en acción. El éxito requiere sentido común, aprovechamiento de las capacidades sin distingos de naturaleza política y, sobre todo, planificación: la improvisación como regla es la muerte del buen gobierno.

En el país existía un principio básico que se ha pisoteado sin justificación, que los políticos podían invadir áreas que implicaran determinados riesgos, pero respetando todo lo que se refiriera a Pdvsa, porque ahí está el instrumento que garantiza la educación, salud, vialidad y servicios públicos para las futuras generaciones. Por eso es un suicidio jugar con Pdvsa, como el poeta a Rosalinda, y eso es lo que ha hecho el régimen con cabeza dura y virulencia.

Es increíble que no se haya designado una comisión de investigación de alto nivel técnico, imparcial, transparente y por encima de la politiquería, porque todos queremos saber lo que ocurrió, quiénes son los responsables y las sanciones que se deben aplicar. Recordemos a Tacoa, la tragedia de Tejerías y muchas otras, que con sus errores judiciales individualizó a culpables, ¿es que en este drama colectivo nadie va a ir a la cárcel? En cambio se paraliza cualquier empresa privada empleadora por la simple discrecionalidad de un funcionario, sin pruebas y arrollando la presunción constitucional de inocencia.

¿Por qué se quiere tapar el cielo con una declaración del líder máximo, cuando el escape de gas era conocido con mucha anticipación?, ¿cómo se explica que frente al alerta no funcionara una alarma de detectores de gas tóxico, que existen aún en pequeñas industrias?, en fin, el factor político no puede ocultar indicios, testimonios y recolección de pruebas, que establezcan el origen y las razones por las que no funcionaron las más elementales medidas de prevención.

Estamos en un escenario que es una radiografía de la implacable selección de los peores, en contra del firme afianzamiento del respeto por la verdad. Los familiares de los empleados de Pdvsa, guardias nacionales y pobladores sobrevivientes, se merecen una indemnización justa y conocer las causas que originaron esta injustificable tragedia.

juanmartin@cantv.net