La AN en rojo
De las 47 leyes que se encontraban previstas para este periodo solo sancionaron siete
LUIS IZQUIEL
| EL UNIVERSAL
domingo 19 de agosto de 2012 12:00 AM
El balance del recién concluido primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, evidencia un precario funcionamiento del máximo ente legislativo del país. La triste actuación de la mayoría oficialista impidió que el Parlamento cumpliera con sus funciones constitucionales. Esto a pesar de los esfuerzos de la bancada de la unidad democrática.
De las 47 leyes que se encontraban previstas para este período, solo 7 terminaron siendo sancionadas. Entre las que no fueron aprobadas se encuentra la Ley Desarme, instrumento legal que había sido acordado por unanimidad en el seno de la Comisión Mixta encargada de su estudio. La obstaculización de este texto legal es otra prueba de la falta de voluntad política del Gobierno para decomisar y destruir las armas de fuego que hoy se encuentran en manos de los delincuentes.
En este primer período de sesiones de la AN fueron aprobados 127 créditos adicionales, por un monto superior a los Bs. 87.000 millones. De esta forma, la mayoría roja-rojita del Parlamento cohonestó la existencia de un presupuesto paralelo de la nación, lo cual atenta contra los recursos que le corresponden a los estados y municipios. Paradójicamente, los legisladores oficialistas levantan recurrentemente la mano para perjudicar a las regiones por las cuales fueron electos.
Se negaron
En diversas oportunidades los diputados de la tendencia gubernamental se negaron a discutir la terrible inseguridad ciudadana. Esto a pesar de que el 2012, con más de 9.500 homicidios ocurridos en el primer semestre, se perfila como el año de mayor violencia criminal en la historia de Venezuela. Una gran prueba de que los parlamentarios del Gobierno no se interesan por las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
Otra de las funciones incumplidas por parte de los legisladores del oficialismo, es la referida al control que deben ejercer sobre el Gobierno y la administración pública nacional. En reiteradas oportunidades los diputados de la alternativa democrática solicitaron la interpelación de distintos ministros, pero la bancada oficial constantemente entorpeció esta iniciativa.
Son muchas las cuentas que los integrantes del tren ministerial debieron rendir ante la AN. La inseguridad ciudadana sigue en ascenso; la infraestructura del país se encuentra en el suelo (la reciente caída del puente de Cúpira, es solo un pequeño ejemplo); las cifras oficiales de construcción de viviendas no se corresponden con la realidad; el reciente Censo demostró que, contrario a lo que afirmaba el régimen, en Venezuela existen más de un millón de venezolanos que no saben leer ni escribir; los puertos y aeropuertos del país continúan siendo utilizados por el narcotráfico y los apagones son una constante en las distintas regiones. Estas son solo algunas de las razones por las cuales debieron ser interpelados varios de los actuales ministros.
La absoluta sumisión de los legisladores oficialistas frente al Ejecutivo Nacional ha desdibujado el papel de la AN. Sin poderes del Estado autónomos e independientes, el país no puede avanzar por la ruta del progreso.
@luisizquiel
De las 47 leyes que se encontraban previstas para este período, solo 7 terminaron siendo sancionadas. Entre las que no fueron aprobadas se encuentra la Ley Desarme, instrumento legal que había sido acordado por unanimidad en el seno de la Comisión Mixta encargada de su estudio. La obstaculización de este texto legal es otra prueba de la falta de voluntad política del Gobierno para decomisar y destruir las armas de fuego que hoy se encuentran en manos de los delincuentes.
En este primer período de sesiones de la AN fueron aprobados 127 créditos adicionales, por un monto superior a los Bs. 87.000 millones. De esta forma, la mayoría roja-rojita del Parlamento cohonestó la existencia de un presupuesto paralelo de la nación, lo cual atenta contra los recursos que le corresponden a los estados y municipios. Paradójicamente, los legisladores oficialistas levantan recurrentemente la mano para perjudicar a las regiones por las cuales fueron electos.
Se negaron
En diversas oportunidades los diputados de la tendencia gubernamental se negaron a discutir la terrible inseguridad ciudadana. Esto a pesar de que el 2012, con más de 9.500 homicidios ocurridos en el primer semestre, se perfila como el año de mayor violencia criminal en la historia de Venezuela. Una gran prueba de que los parlamentarios del Gobierno no se interesan por las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
Otra de las funciones incumplidas por parte de los legisladores del oficialismo, es la referida al control que deben ejercer sobre el Gobierno y la administración pública nacional. En reiteradas oportunidades los diputados de la alternativa democrática solicitaron la interpelación de distintos ministros, pero la bancada oficial constantemente entorpeció esta iniciativa.
Son muchas las cuentas que los integrantes del tren ministerial debieron rendir ante la AN. La inseguridad ciudadana sigue en ascenso; la infraestructura del país se encuentra en el suelo (la reciente caída del puente de Cúpira, es solo un pequeño ejemplo); las cifras oficiales de construcción de viviendas no se corresponden con la realidad; el reciente Censo demostró que, contrario a lo que afirmaba el régimen, en Venezuela existen más de un millón de venezolanos que no saben leer ni escribir; los puertos y aeropuertos del país continúan siendo utilizados por el narcotráfico y los apagones son una constante en las distintas regiones. Estas son solo algunas de las razones por las cuales debieron ser interpelados varios de los actuales ministros.
La absoluta sumisión de los legisladores oficialistas frente al Ejecutivo Nacional ha desdibujado el papel de la AN. Sin poderes del Estado autónomos e independientes, el país no puede avanzar por la ruta del progreso.
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