El gobierno de las cárceles

La situación del sistema penitenciario venezolano trasciende desde hace mucho tiempo la cotidianidad del ciudadano común y corriente que labora, produce, educa a sus hijos, enfrenta vicisitudes y hace patria a diario como un héroe incógnito de nuestras calles y oficinas.

Las cárceles dejaron de ser ese submundo apartado no solo del "establishmen"  de los poderosos y de los problemas reales de una nación, donde van a parar los "desadaptados" sociales que andan cumpliendo condena por sus delitos, para convertirse en una escuela del crimen que comienza a hacer estragos no sólo entre la población penal sino también en las calles. Para nadie es un secreto que los problemas en las prisiones venezolanas son tan caóticos que han comenzado a desbordar las fronteras de la criminalidad en otros espacios del país.

Le escuchamos decir en una entrevista reciente a la criminóloga zuliana, Lolita Aniyar de Castro, que de ese despojo ha surgido un nuevo gobierno, que es el gobierno de las cárceles, que está extendiendo peligrosamente sus tentáculos hacia las calles, primero por los problemas de corrupción del sistema que ha permitido convertir estos centros de privación de libertad en un gran negocio con miles de millones de dólares de flujo de caja, donde la seguridad y el liderazgo se compran, dónde no sólo los presos deben pagar por su derecho a sobrevivir, que cuenta con un arsenal bélico con un poder de fuego que no lo tiene ningún cuerpo policial del país, que ha logrado ingresar a estos centros bajo la mirada cómplice de la GNB , el Ministerio del Interior y Justicia y el nuevo Ministerio Penitenciario.

No en balde una de sus más acérrimas críticas de las cosas terribles que están pasando es que la ministra Iris Varela esté confundiendo el beneficio penitenciario con un trabajo político dentro de estos recintos. Esto es sumamente grave y peligroso para todos nosotros -nos dice- porque estamos hablando de individuos a los que no se les ha dado un tratamiento para reinsertarse a la sociedad y para hacer uso de ese poder.

El trámite penitenciario otorgaría a los pranes que se identifiquen con el Gobierno, un poder como comisarios políticos que a su vez manejan la violencia, para trabajar en algunas comunidades.

La especialista que vivió como gobernadora del Zulia la lamentable masacre de Sabaneta que cobró 104 muertes en 1994, nos dice que adentro los presos no sólo están expuestos a enfermedades de salud pública, constantes hechos de violencia y además deben pagar para respirar. Su único capital es su familia que lleva alimentos y pueden conseguir dinero, favores y prebendas para que el reo pueda subsistir.

Hay violencia en un país que estigmatiza a los pobres que son los que terminan pagando en las cárceles y que una vez dentro debe hacer cualquier cosa para mantenerse con vida, y allí entra la familia que es una víctima secundaria de toda esta tragedia nacional

Hay un gobierno en la cárcel donde no tiene injerencia el gobierno de Miraflores. Un gobierno que intenta controlar de igual forma la situación en parcelas afuera, que es donde nosotros estamos. Esta mutación devino por la falta de políticas claras en materia penitenciaria y por mediocridad. Hay un gobierno paralelo en las cárceles, al otro sólo le gusta ocultar la realidad a los venezolanos.

@damasojimenez