En reunión de los viernes

Dos recientes declaraciones de la Fiscal General de la República nos recuerdan las reuniones de los viernes que mencionaba el exmagistrado Aponte Aponte, en las cuales el Ejecutivo Nacional impone los lineamientos a seguir al resto de los poderes del Estado. La primera declaración se refiere a unas "críticas" de la Fiscal al Informe 2012 de Human Rights Watch sobre Venezuela; y la segunda a la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre el tema del Informe de HRW, la Fiscal no se refiere ni a una letra de su contenido. Más bien, siguiendo un patrón común, trata de descalificar a HRW señalando que éste no dice nada de los aconteceres en otras latitudes (EEUU, Guantánamo, Israel, etc.); al mismo tiempo que califica el Informe de insolente e irrespetuoso y, por supuesto, no podía faltar, reprime a HRW por atentar contra nuestra soberanía y no haber condenado "el golpe de 2002".

Es lamentable que la Fiscal obvie el contenido del Informe de HRW, pues hubiese sido interesante conocer su opinión sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial; sobre los juicios políticos a Afiuni, Álvarez Paz, San Miguel, Globovisión, etc.; sobre el control estatal de los medios de comunicación; y sobre los permanentes ataques a los defensores de derechos humanos. Pero, claro, es más fácil tratar de descalificar al emisor, en lugar de contestar las opiniones de fondo.

Días más tarde la Fiscal declara que la decisión de salirse de la Corte IDH es una decisión soberana del Ejecutivo. Lo que produce mucha sorpresa, pues la primera atribución que la Constitución le atribuye al Ministerio Público es garantizar los derechos y garantías de los venezolanos, "así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República" (artículo 285.1).

Nos preguntamos, ¿es que acaso en cumplimiento de ese deber constitucional no está obligada la Fiscal a impugnar cualquier decisión que reduzca la protección de los derechos humanos de los venezolanos? No es verdad que sea una decisión soberana del Ejecutivo, pues para algo hay una Constitución y unos órganos estatales encargados de contrarrestar los abusos de algún funcionario. La Fiscal juró cumplir la Constitución y no un compromiso de un viernes por la tarde.

Cuando se ve al resto de los poderes del Estado hacer coro de cualquier capricho presidencial, nos lamentamos del desplome institucional y del exceso de presidencialismo. En Venezuela no hay más nada sino la palabra de un dictador, lo demás son adornos constitucionales para fingir que vivimos en democracia.

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