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Nuevo COPP: Regresividad e indefensión

La reformas de esta índole requieren diálogo, debate y participación

RAFAEL GARRIDO ÁLVAREZ |  EL UNIVERSAL
lunes 30 de julio de 2012  12:00 AM
El pasado 15 de junio de 2012 fue publicada en Gaceta Oficial la quinta reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en la que se modificó más de la mitad del articulado con aspectos de forma y de fondo que, tal como se expresa en la exposición de motivos, procuran solventar los aspectos que se han convertido en un obstáculo para la administración de justicia, tales como el retardo procesal y la impunidad. No obstante, esta reforma toca aspectos esenciales del sistema procesal penal actual, como la participación de las víctimas en el proceso, los derechos de las personas imputadas y la participación ciudadana.

El nuevo COPP suprime el derecho de las víctimas de ser oídas por el tribunal antes de dictar decisiones que pongan fin al proceso o lo suspendan condicionalmente. Si bien se reconoce el derecho de que las víctimas sean informadas de los avances y resultados del proceso, este derecho se ejercerá solamente cuando las víctimas lo soliciten, limitando así el derecho de acceso a la justicia idónea, transparente, responsable y accesible, tal como lo consagra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se eliminó la posibilidad de que las víctimas deleguen el ejercicio de sus derechos en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, estableciendo que podrán delegar sus derechos sólo en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio Público, impidiendo la participación de organizaciones no gubernamentales en la atención a las víctimas, un derecho ya conquistado que favorecía a personas sin recursos económicos para proveerse de asistencia especializada. Esta reforma elimina también la posibilidad de que las organizaciones sociales presenten querellas en casos de violación de derechos humanos.

Por otra parte, se limitan los derechos de las personas imputadas, que ya no tienen la posibilidad de comunicarse con una asociación de asistencia jurídica para informar sobre su detención, lo que en la práctica permitía evitar o denunciar prácticas de tortura. Se suprime también el derecho a no ser juzgado o juzgada en ausencia; esto último agrava la situación de las personas privadas de libertad, quienes tienen que pagar altas sumas de dinero para que les trasladen y poder participar en actos fijados por los tribunales. Ahora, si no pagan, el juicio puede celebrarse en su ausencia y sólo con la defensa que el Estado les designe.

Ciertamente, el retardo procesal y la lucha contra la impunidad son fines legítimos para el mejoramiento del sistema de administración de justicia en Venezuela. Sin embargo, el nuevo COPP desdibuja el sistema garantista con el que se concibió el sistema acusatorio y nos acerca más al régimen inquisitivo que creíamos ya superado, suprimiendo derechos para las víctimas y personas imputadas, constituyendo así una reforma regresiva y propicia para la indefensión de los usuarios y las usuarias del sistema de administración de justicia. Reformas de esta índole requieren diálogo, debate y participación, no medidas unilaterales e inconsultas que excluyen las voces de quienes afectan directamente.

rafaelgarrido85@gmail.com



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