La pared caída de Ciudad Caribia

El constructor particular de viviendas, oficinas, comercios, centros educativos y asistenciales, de cualquier otra índole como desarrollos de núcleos urbanos, debe someterse no sólo a las dispares normas urbanísticas propias de cada municipio para aprobar sus proyectos sino a la interpretación a veces caprichosa del funcionario de turno. Es conocida la expresión permisología ideada por los promotores de viviendas para referirse al cúmulo de documentos exigidos previos a la iniciación de cualquier obra.

Las ingenierías municipales niegan la admisión de planos que no vengan acompañados de: proyecto de detección y extinción de incendios aprobado por el cuerpo de bomberos; constancia de dotación de aguas blancas y negras emitida por la hidrológica respectiva; constancia de suficiencia eléctrica expedida por la empresa regional; constancia de suministro de gas directo; constancia de factibilidad vial; acreditación técnica del Ministerio del Ambiente; fotos y perfil urbano de la parcela; solvencias del Colegio de Ingenieros de profesionales responsables; solvencia de impuesto inmobiliario; ficha catastral de la parcela; certificación de variables urbanas emitida por la oficina de catastro respectiva; planillas de cancelación de impuestos sobre construcción y tasas de inspección; memoria descriptiva del proyecto; estudio de suelos.

La presentación del proyecto propiamente dicho debe constar de cuatro juegos de planos y memorias descriptivas de: arquitectura; topografía original y modificada; estructura y hojas de cálculo; instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas; etc. A ello se agregan decenas de documentos y constancias de cancelación de los gravosos tributos exigidos en cada paso. Además, el promotor debe forcejear con la corrupción que opera en cada instancia y pugnar, una vez concluida la obra, para obtener la cédula de habitabilidad. Ni hablar del vía crucis para registrar el documento de condominio en los registros subalternos, ahora en manos de cubanos.

¿Cumplió la Socialista Ciudad Caribia con alguna de estas precisiones? ¿Existe algún estudio de acreditación técnica sobre el ambiente y el perfil urbano de ese desarrollo? Un cerro en equilibrio fue desmembrado para ostentar la construcción de precarias viviendas a la vista de todos, pero carente de servicios básicos y de vialidad racional para sus habitantes. El derrumbe de una pared a las 5 de la madrugada en la terraza "D", presumiblemente estable, por mero efecto del viento, hace dudar de las previsiones estructurales y sísmicas exigidas por la norma.

Pero el síndrome Ciudad Caribia se ha extendido por todo el territorio, sobre todos en zonas pobladas del Distrito Capital, a efecto de promocionar el fraude más rimbombante que se conozca en materia de construcción de viviendas. Por ejemplo, en la avenida Libertador se están levantando edificaciones en terrenos confiscados, contraviniendo todas las normas y el orden urbano vigente. A simple vista se percibe cómo no se respetan los retiros, espacios para estacionamientos, dotación de servicios básicos, áreas de ventilación y mucho menos los porcentajes de construcción.

¿Quiénes son los proyectistas y calculistas responsables de esas obras en lo que se refiere al aspecto estructural? ¿Se cumple con las normas sísmicas promulgadas en 1967 y gradualmente modificadas? ¿Cuentan esas construcciones con servicios básicos como aducción y descarga de aguas servidas y suministro eléctrico suficiente si las densidades de construcción se han incrementado brutalmente a capricho a juicio de los revolucionarios? ¿Se concluirán estas obras?

El mayor fraude ocurre por la imposibilidad de otorgar en propiedad cada vivienda pues esas construcciones se erigen en terrenos ajenos cuyos propietarios no han sido indemnizados; en consecuencia no puede haber transferencia de propiedad individual. Tampoco podrán registrarse los documentos de condominios ni definir las obligaciones personales y colectivas ante una posesión precaria y flotante.

Veamos si valió la pena monopolizar el mercado de cabillas y cemento, privando a los promotores tradicionales responsables, o si se trata de otro de los tantos fraudes demagógicos del régimen.

miguelbm@movistar.net.ve