Justicia revolucionaria

A pocos sorprende las declaraciones de Aponte Aponte. Los involucrados con el triste espectáculo de la justicia venezolana sabemos, a ciencia cierta, que tenemos uno de los peores poderes judiciales del mundo. Todos los informes internacionales lo confirman y ni el propio gobierno lo esconde, pues con el tiempo se han sincerado los disimulos con que arrancó la llamada "reestructuración judicial", que no fue otra cosa que acabar con la carrera judicial y convertir a los jueces en adláteres serviles de libre nombramiento y remoción.

Pasamos de unos magistrados con cierta trayectoria profesional a servidores del partido de gobierno. Decía el entonces diputado Carreño que el gobierno no se iba a dejar meter autogoles con la designación de magistrados, haciendo ver que la autonomía del Poder Judicial era una exquisitez con que no iba a comulgar un gobierno revolucionario. Ahora magistrados y jueces no se escogen por credenciales, pues de su fidelidad al régimen depende su ingreso y permanencia.

Pero no sólo tenemos un Poder Judicial manejado desde Miraflores, sino también uno de los más corruptos, pues el juez que está dispuesto a desconocer el derecho para favorecer a un político, también está presto a hacerlo para negocios desde los estrados. La corrupción judicial se le fue de las manos al gobierno, sobre todo en las instancias penales, donde existen mafias de jueces, fiscales y policías que extorsionan a cualquier incauto con algún problema legal.

En Venezuela los argumentos jurídicos y la justicia no deciden los juicios. Es el dinero o el tráfico de influencia lo determinante. Quien conoce a un magistrado o a un político influyente tiene la gallina de los huevos de oro. Bastan unas llamadas para lograr las más graves atrocidades jurídicas.

Al mismo tiempo, con el Poder Judicial controlado por el gobierno se garantizan las más viles atrocidades, como las expoliaciones sin previo pago; las persecuciones a líderes opositores; las extorsiones a medios de comunicación; las interpretaciones constitucionales a la medida del patrón, entre tantos abusos. El TSJ funciona como una oficina al servicio del gobierno.

Lo triste es que esto no le duele a nadie. El pueblo no tiene ni idea de lo que es la separación de poderes y la independencia judicial. El escándalo de Aponte no resta votos, pues sólo parece importar quien hable el lenguaje callejero y quien garantice unas dádivas sin trabajo.

El principal reto para retornar a la democracia es la depuración del Poder Judicial, pero esta vez privilegiando el mérito y la probidad, sobre la fidelidad partidista.

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