Delincuencia y persecución penal

La política antidelictiva del Estado debería basarse en tendencias de la criminalidad y en patrones de respuesta del sistema de justicia penal, pues solo de este modo se cuenta con una visión global del problema. Una somera revisión de las estadísticas del CICPC durante 2011 permite establecer una relación entre dos indicadores policiales de activación que tienen incidencia en el procesamiento ulterior de la delincuencia: la detención del sospechoso y la remisión del caso al Ministerio Público. Si se asume que la detención de un sospechoso expresa una activación policial que pretende el procesamiento penal, y que la vía para este procesamiento es a través del Fiscal del Ministerio Público, independientemente del acto conclusivo que éste último adopte, estos resultados indican que la policía detiene en forma sobreabundante, especialmente en los delitos vinculados a las drogas y en la resistencia a la autoridad. Para los casos de drogas que constituyen delitos (posesión y tráfico) se detiene a más personas que el número de casos conocidos, en lo cual podría incidir la presencia de múltiples sospechosos; sin embargo, para casos de consumo, que no constituyen delitos, se detiene a más del 90% de los consumidores. La resistencia a la autoridad implica también sobreactivación policial, pues se detiene proporcionalmente más de tres veces que en los homicidios. Sin embargo, en cuanto a fundamentar la investigación, un máximo de 4% de las detenciones por posesión de drogas y un 5% de la resistencia a la autoridad terminan como casos remitidos al Fiscal.

Los homicidios, registran una baja tasa de resolución ya que, considerando el total de los conocidos, sólo en el 19% de los casos se realizan detenciones, de las cuales solo 33% conforman expedientes remitidos al Fiscal, representando únicamente 6% del total de los casos conocidos. Esto sugiere que muchos casos no fueron investigados debidamente o fueron objeto de medidas de coacción negociadas con posterioridad con los sospechosos. La bajísima proporción de casos remitidos en materia de drogas y resistencia a la autoridad podría conferir mayor fuerza a esta interpretación.

Un dato interesante es que la violencia contra la mujer se investiga y se procesa con un 10% mayor de eficacia que los homicidios a juzgar por el porcentaje de expedientes, sobre total de detenidos, remitidos a la Fiscalía. Independientemente de patrones diversos de negociación en la detención policial en estos casos, el dato muestra que se le está dando más importancia a la violencia contra la mujer que a los homicidios, lo cual resulta absurdo dentro de una política antidelictiva que debería orientarse por la preservación de los bienes jurídicos de mayor valor. Resulta también impresionante la criminalización de esta nueva forma de delincuencia, que podría indicar, no tanto su frecuencia efectiva y lesividad sino la disposición de mecanismos para obtener ventajas, tanto por parte de presuntas agraviadas como de funcionarios policiales, quienes cuentan con nuevas oportunidades para expandir su control y/o negociar la criminalización de hecho.

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