Rigor fiscal

25 de los 27 países de la Unión Europea aprobaron el 2 de marzo un Pacto de Estabilidad que prescribe mantener un déficit fiscal no mayor del 3% del PIB, a riesgo de sanción del 0,1% del PIB a los países transgresores, los cuales, además, deberán someter sus presupuestos a la aprobación y vigilancia del ente supranacional. Inglaterra y la República Checa se desmarcaron.

Desde la crisis financiera de 2008 la UE ha tomado medidas para apuntalar el euro y relanzar su proceso de integración, puesto en entredicho por los mercados que se resisten a valorar sus compromisos de disciplina fiscal.

Pese a tales medidas las calificadoras de riesgo han degradado la deuda de países como Francia e Italia, amén de España, Portugal y Grecia, cuya tragedia no termina luego del último rescate financiero. Una Alemania fuerte y una Francia debilitada, junto a Holanda, Finlandia y Suecia, tratan de enmendar la plana a los díscolos fiscales.

El dilema europeo no es de poca monta a corto plazo: afincar el rigor fiscal y acentuar la recesión o relajar los controles y reforzar el crecimiento a expensas de la credibilidad de los mercados. Se plantea una disyuntiva de ética social: ¿quién paga los platos rotos, el pueblo o la clase política y empresarial? La clase política los asume perdiendo elecciones; los empresarios quebrando; pero la peor parte se la lleva el pueblo llano.

El liderazgo político, empresarial y sindical europeo deberá actuar con precisión de relojero para que los sacrificios sociales permitan reactivar la economía y sostener el euro sin alterar la paz social; no hay alternativa. Y ello sin abordar los retos de productividad a largo plazo, indispensables para que el modelo social europeo se afiance.

@lxgrisanti