Un nuevo obstáculo deportivo

Acaba de aparecer el Reglamento Parcial de la Ley del Deporte, por cierto, suscrito por el Presidente de la República, a pesar de que para la fecha de su promulgación ya se encontraba en Cuba (gobierno virtual). Si bien nuestra Constitución y leyes obligan a que los reglamentos se dicten garantizando la participación ciudadana, ninguna organización deportiva tuvo acceso al proceso de su elaboración, el cual fue completamente hermético (secreto sumarial).

El reglamento viene a desarrollar y definir, básicamente, el impuesto deportivo que se creó con la Ley del Deporte y que tanta polémica trajo a la comunidad deportiva del país. Es en este reglamento donde se define cómo, cuándo y dónde debe pagarse este impuesto. Además, define la forma como podrían aprovecharse las organizaciones deportivas de la mitad de ese impuesto, el cual se pensaba que iba poder ser destinado libre y directamente, sin intervenciones gubernamentales.

Lamentablemente, estamos muy lejos de suprimir las intervenciones gubernamentales, pues más bien este reglamento establece que cualquier ente deportivo que desee obtener recursos (sólo para patrocinio) de los contribuyentes del impuesto debe pasar por un férreo escrutinio del IND. Ya no puede destinarlo a proyectos propios como decía la ley. Es el IND que decide qué organización puede registrarse y qué proyectos deportivos pueden recibir recursos provenientes de este impuesto. Es decir, el proceso del patrocinio deportivo tiene ahora que pasar por el IND, lo que implica, todos lo sabemos, gestores, comisiones, trabas, etc.

Por supuesto, habrán organizaciones que se beneficien de este impuesto, pues siempre hay pecadores de ríos revueltos; pero la realidad es que en general no se creó un beneficio claro para poder captar dinero privado, lo que se hubiese podido lograr con rebajas directas en inversiones deportivas y otras fórmulas de fomento. Más bien se creó un fondo que podrá ser manejado directamente por el IND, con lo cual aumentará más la dependencia de las organizaciones privadas con el Gobierno. Es obvio que a cambio de recursos se exigirán muchas cosas, pues vivimos tiempos de exagerada interferencia política.

Habrá que esperar la reacción de los contribuyentes y la ejecución real de este mecanismo para medir su verdadero impacto, pero es obvio que la autonomía deportiva será sacrificada. Sencillamente el Gobierno quiere meterse en todos los ámbitos del sector privado, para controlar hasta el más mínimo detalle. Sin duda, esto será una desventaja competitiva que se suma a la diversidad de obstáculos de los ciudadanos supuestamente libres.

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