Garzón en el banquillo

La administración de justicia en España merece nuestro respeto. No es dable dudar de la separación y autonomía de los poderes públicos en una democracia joven pero hacendosa como la española. Por ello no emitimos opinión sobre el fallo jurídico del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón en el caso de las intervenciones telefónicas a los jefes de la red de corrupción Gürtel.

El Tribunal Supremo, por otra parte, acaba de absolverle del presunto delito de prevaricación en la investigación sobre los 100 mil desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura del generalísimo Franco (1939-1975); pero la anterior sentencia que le suspendió como Juez quedó firme.

La suspensión le ha dado un sabor un poco bizarro a ambas causas. El juez andaluz es absuelto; pero queda destituido. Esta contradicción plantea un dilema ético que entra en un terreno sagrado en la búsqueda de la justicia en el siglo XXI: los derechos humanos.

Garzón obtuvo el arresto del general Pinochet, quien violó sistemáticamente los derechos humanos. Fue implacable con el narcotráfico y el terrorismo. El genocidio, la desaparición forzada de personas y el terrorismo de Estado son delitos que no deben quedar impunes. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La declaración de los eufóricos demandantes, quienes festejan que con el fallo se "desenmascara" al Juez que supuestamente persigue dictadores de una ideología pero no de otra, solo muestra el objetivo político y no judicial del proceso.

La comunidad mundial ha protestado la suspensión del juez Garzón. El clamor global a favor de que los derechos humanos sean escrupulosamente respetados en cualquier parte del planeta no se detendrá.

@lxgrisanti