Negación brutal de la democracia

Nadie pretende quitarle méritos a los cuerpos policiales y la Administración de Justicia, cuando logran la detención y condena de delincuentes de alta peligrosidad; al contrario, como ciudadano lo que deseamos es que un porcentaje lo más elevado posible de los crímenes sean resueltos. Sin embargo, la realidad es que la cifra negra en materia de secuestros es inmensa, los ciudadanos desconfían de las autoridades y no hay voluntad política para dotar de suficientes recursos y articular de manera eficiente la lucha contra el delito.

Lo lamentable es que hay aspectos elementales que reducirían los tiempos, contribuirían a una administración de justicia eficaz y transmitirían entusiasmo a las asociaciones de vecinos y juntas comunales. Por ejemplo, las fallas en los traslados de las cárceles a los tribunales, cuando bastaría disponer de la logística indispensable y eliminar para siempre la militarización de los recintos penitenciarios. Igual con la celebración de las audiencias que son diferidas decenas de veces, porque no se establecen sanciones por incumplimiento contra todos los protagonistas del proceso penal, sean funcionarios o particulares, lo cual aceleraría la justicia y la acercaría a la gente.

En ese mismo orden de ideas, es gravísimo que a 14 años de detentar el poder, se diga que hay 8 o 10 mil reclusos que no deberían estar en las cárceles y lo que se requiere es hacer modificaciones en el COPP y el Código Penal, a pesar de que hay veinte mil delincuentes que deberían estar presos y no lo están, conformando bandas organizadas que actúan impunemente en las áreas urbanas y rurales. La reincidencia se ha convertido en la mayor amenaza que sufrimos los habitantes de este país, donde la violencia pareciera consustanciarse con la acción del poder.

Por si fuera poco, sigue pendiente la recuperación de los espacios públicos y en especial de las calles, ante el hostigamiento autoritario sobre la capacidad de movilización de las comunidades y el "enclaustramiento" de las familias, consecuencia de los niveles de inseguridad objetiva y de la masiva percepción de alto riesgo. En fin, estamos ante una aceptación resignada de la violencia y de la madre de las inseguridades que es la impunidad.

El régimen tiene que decidirse de una vez por todas a reprimir, hasta lograr un equilibrio entre libertad y autoridad, porque lo que estamos viviendo es el desbordamiento de la criminalidad, permisividad y anarquía. El país nacional debe exigirle a las autoridades una política criminal moderna, con el funcionamiento de un teléfono único de emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año; con unidades de respuesta rápida, patrullaje e instalaciones con policías bien seleccionados y capacitados, en los puntos neurálgicos de saturación delictiva. El secuestro del Embajador de México se resolvió felizmente y es un éxito que debería repetirse de manera incesante en los millares de casos pendientes; la inseguridad se ha constituido en la prioridad absoluta para la familia venezolana y el elogio sistemático de la violencia es una negación brutal de la democracia.

juanmartin@cantv.net