Más allá del Ciadi

Pertenecer a Ciadi no es garantía de atracción de inversiones. Así lo demuestra Brasil, el país que más inversiones extranjeras atrae en este hemisferio y el cual ni es parte de Ciadi, ni ha ratificado un solo tratado bilateral de inversiones (TBI). México, África del Sur e India tampoco son signatarios de la Convención Ciadi y atraen inversiones.

Por el contrario, sí son garantía de atracción de inversiones, la existencia de oportunidades de negocios, bajos costos y Estado de Derecho. Al final de cuenta para el inversionista lo que importa es que los costos sean menores al beneficio esperado. De donde uno puede decir que si el inversionista debe pagar un seguro para protegerse de un débil Estado de Derecho, es el costo lo que aumenta, en detrimento de una posible inversión. Por ello no existen TBIs entre Alemania y EEUU o entre Japón y el Reino Unido, por ejemplo. Un Estado de Derecho fuerte da confianza a inversionistas de lado y lado.

Los países precisan de inversiones, pero no como un fin per se¸ sino como un instrumento para el desarrollo económico y social. De allí que la inversión privada esté en la misma categoría de los préstamos, renta y ayuda foránea. Por ello no toda inversión privada debe ser protegida. Aquellas que violen la ley, el medio ambiente, los derechos humanos y laborales, por ejemplo, no pueden pretender privilegios ni en trato, ni en resolución de disputa.

Es decir, inversionistas y Estados tienen objetivos diferentes. Para uno es ganancia, para el otro es desarrollo económico y social. Esta diferencia de objetivos puede generar conflictos para lo cual se requiere de una válvula de escape. Un Poder Judicial independiente y eficiente puede serlo. Ante la ausencia de éste, centros internacionales de resolución de disputas pueden cumplir esa función.

Ciadi ha tenido algunos logros y algunas fallas. De los primeros se puede destacar haber despolitizado las disputas entre inversionistas y Estados en desmedro de la diplomacia de los cañones. Pero sus altos costos, la inconsistencia de sus laudos ante la ausencia del precedente obligatorio, la rareza de la designación de árbitros ¬-algunos jugando a ratos el rol de abogado y de adjudicador indistintamente¬- para decidir temas de políticas públicas, amén de la insatisfacción de inversionistas y Estados, pueden estar creando las condiciones para una revisión.

Si se tiene un Estado de Derecho débil, lo más apropiado habrá de ser el fortalecimiento del Estado de Derecho. Venezuela, por ejemplo, figuró en el puesto 60/60 en el indicador de Estado de Derecho (Rule of Law Index) de 2011.

Otra opción podría ser la creación de Tribunales Internacionales Permanentes de resolución de disputas de inversiones, por ejemplo, a la usanza de los tribunales internacionales de derechos humanos. Porque el arbitraje, para decidir temas de soberanía y políticas públicas, fue un traje prestado para los conflictos entre inversionistas y Estados. Pero hace tiempo que el traje queda pequeño.


El autor es Presidente electo de la Federación Interamericana de Abogados

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